De acuerdo con la ruta de acción que prevé aprobar este jueves el Consejo General, se implementarán revisiones minuciosas a través de
auditorías externas
orientadas a examinar la totalidad de los contratos vigentes, con la instrucción de rescindir aquellos instrumentos donde se acrediten anomalías conforme a la ley y fortalecer de este modo los controles administrativos.
Para robustecer la fiscalización, el organismo planea solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (
ASF
) un ejercicio extraordinario, además de requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe sobre posibles alertas asociadas a los proveedores del instituto, validando simultáneamente la situación fiscal de las empresas ante el SAT.
Asimismo, se establecerán candados normativos estrictos para las adquisiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, garantizando máxima publicidad y trazabilidad operativa.
Dentro de las directrices aprobadas también figura la revisión exhaustiva de las estructuras gerenciales, socios y accionistas de las personas físicas o morales contratadas, el resguardo riguroso de expedientes de obra pública y adquisiciones, y la presentación formal de denuncias ante las instancias competentes en caso de detectar ilícitos.
Adicionalmente, el árbitro electoral habilitará un micrositio en su portal web para propiciar denuncias ciudadanas y optimizar el gasto público mediante una mejora regulatoria.
Esta reestructuración administrativa, encabezada provisionalmente por la consejera presidenta interina Blanca Yassahara Cruz García, coincide con el anuncio de que el Consejo General presentará ante la
FGR
denuncias relativas a los presuntos actos de corrupción perpetrados bajo la gestión anterior, vinculada con contratos otorgados al proveedor
José Alfredo Hernández Casillas
.
Paralelamente, la
ASF
confirmó el despliegue de tres líneas de indagatoria que abarcan 25 años de fiscalización en organismos públicos locales electorales (OPLE), el
INE
y el extinto IFE, atendiendo a una solicitud de revisión planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicha intervención comprende una investigación de oficio sobre contrataciones previas a 2014, un estudio histórico de adquisiciones entre 2000 y 2025 para detectar patrones irregulares de grupos empresariales, y una auditoría integral enfocada en el gasto federalizado de los órganos locales.
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Con información de Infobae.