Ciudad de México.-
La apertura de expedientes judiciales contra
Jorge Amílcar Olán Aparicio
está sujeta de forma exclusiva a la existencia de elementos probatorios y no a señalamientos vertidos por empresas de comunicación, enfatizó este lunes 28 de septiembre la jefa del Ejecutivo federal,
Claudia Sheinbaum Pardo
, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Al responder a una intervención de TV Azteca —cadena que la mandataria acotó que solicitaba la palabra por primera ocasión en su ejercicio informativo—, la presidenta sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) o las fiscalías locales deben iniciar las carpetas correspondientes siempre que existan pruebas de una conducta ilícita, descartando que la sola difusión de versiones periodísticas determine el actuar de los órganos de procuración de justicia.
Sheinbaum aclaró que su postura no implica instruir al ministerio público federal a perseguir al empresario, sino recordar el marco legal: de hallarse indicios sólidos que relacionen a cualquier ciudadano con un delito, la representación social actuará y solicitará al juzgador las medidas pertinentes.
Contratos en obras prioritarias y negocios en el sector salud
Identificado en reportes periodísticos como un allegado cercano a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán —cuya cercanía con la familia se remonta al menos a 2015 tras la asistencia de Andy a su boda en Villahermosa—, el empresario de origen tabasqueño consolidó asignaciones comerciales durante la pasada administración federal en estados gobernados por Morena.
Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y reportajes difundidos por Latinus lo señalan como el principal suministrador de balasto para el Tren Maya.
De acuerdo con audios revelados por dicho medio, Olán afirmó haber generado ganancias por 250 millones de pesos en un semestre mediante esa actividad.
Asimismo, semanarios como Proceso documentaron que en 2023 la administración de Quintana Roo, encabezada por Mara Lezama Espinosa, otorgó a su firma Romedic un contrato de suministro de insumos médicos por más de 295 millones de pesos, documento que posteriormente fue removido de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Entre las controversias que involucran al empresario figura una grabación difundida tras el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en marzo de 2024.
En la conversación, Pedro Salazar Beltrán, primo de los hermanos López Beltrán, menciona de forma irónica: “Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo”, a lo que Olán responde con risas. El audio insinúa además una supuesta coordinación directa con la Presidencia para la repartición de contratos.
Inmuebles de lujo en el Caribe y edificación irregular en Polanco
Las pesquisas periodísticas de Proceso detallan que en 2023 el empresario adquirió dos residencias en el complejo Puerto Cancún por un monto combinado superior a los 31 millones de pesos: un inmueble de dos niveles en Harbour Beach valuado en 24.7 millones de pesos y otro en La Laguna II por 6.65 millones de pesos, transacciones concretadas a la par de la recepción de contratos públicos.
En la capital del país, datos revelados por MCCI ubican a Olán como copropietario de un predio en la calle Sócrates 211, en Polanco, cuya cotización comercial alcanzaba los 47.17 millones de pesos en 2022. La obra residencial proyectada en el lugar fue clausurada en junio de 2026 por erigir un quinto nivel al margen de las licencias autorizadas.
Entre los socios de dicho inmueble figura Baux Inmobiliario, firma vinculada a Víctor Hugo Rosales Angulo, exfuncionario de Hacienda indagado en 2015 por probables nexos con la causa Oceanografía.
Señalamientos de delincuencia organizada y postura de la FGR
Informes divulgados por Latinus señalan que Olán, quien estableció su centro de operaciones en un concurrido restaurante capitalino, habría encomendado a su hermano Luis Alberto establecer nexos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfocada en el robo de combustible y extorsiones.
Este grupo estaría articulado con la organización “La Barredora”, atribuida a Hernán Bermúdez Requena, exmando de seguridad en Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López.
A pesar de los audios y las publicaciones que lo sitúan actualmente en Suiza, la Fiscalía General de la República descartó semanas atrás la existencia de mandamientos judiciales o carpetas de investigación abiertas contra el empresario o contra Andrés López Beltrán.
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