La solicitud presentada por la familia LeBarón ante la corte federal de Estados Unidos para acceder a los 15 mil millones de dólares que serán confiscados a Ismael “El Mayo” Zambada abre un frente jurídico que rebasa la narrativa habitual del narcotráfico. No se trata únicamente de un decomiso histórico ni de la inminente sentencia contra uno de los líderes criminales más longevos del país. El caso expone la compleja estructura de responsabilidades dentro de las organizaciones delictivas y la dificultad de asignar culpabilidad en hechos donde convergen múltiples actores.
El recurso, presentado por el abogado John M. Eubanks, sostiene que Zambada facilitó dinero, armas y apoyo operativo al Cártel de Juárez y a su brazo armado, La Línea, grupo señalado como responsable del ataque del 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, donde fueron asesinados nueve integrantes de la familia LeBarón, incluidos seis menores de edad. La petición busca que los activos confiscados al capo sean considerados parte de la reparación del daño.
La relación entre Zambada y el Cártel de Juárez está documentada desde inicios de los años 2000, cuando ambos grupos formaron parte de una alianza conocida como La Federación, junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán y Juan José Esparragoza Moreno, “El Azul”. Aunque la estructura se disolvió, los vínculos operativos persistieron. La Línea, originalmente creada para proteger intereses criminales en Ciudad Juárez, terminó actuando como brazo armado tanto del Cártel de Juárez como del Cártel de Sinaloa, lo que explica su presencia en la zona donde ocurrió la masacre.
El ataque en Bavispe fue atribuido a una confusión entre grupos rivales, pero la familia sostiene que la responsabilidad no se limita a los ejecutores. En su argumento, la estructura financiera y logística que permitió la operación de La Línea debe considerarse parte del entramado que derivó en el asesinato de sus familiares. Este enfoque coincide con la tendencia internacional de ampliar la responsabilidad penal hacia quienes facilitan, financian o permiten la operación de grupos violentos, incluso sin participación directa en los hechos.
La solicitud de los LeBarón también revela una tensión entre los sistemas judiciales de México y Estados Unidos. Mientras México ha centrado su investigación en La Línea y el Cártel de Juárez, la justicia estadounidense procesa a Zambada por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal, pero no por la masacre. La familia intenta conectar ambos procesos, buscando que la sentencia en Estados Unidos reconozca el impacto de un crimen cometido en territorio mexicano.
El decomiso de 15 mil millones de dólares representa uno de los golpes financieros más significativos contra un líder criminal mexicano. La disputa sobre el destino de esos recursos podría sentar un precedente en materia de reparación transnacional del daño. Si la corte acepta la solicitud, abriría la puerta para que víctimas de violencia generada por organizaciones criminales accedan a bienes confiscados en otro país. Si la rechaza, el caso quedará como un ejemplo de las limitaciones jurídicas para atender daños que cruzan fronteras.
La sentencia contra Zambada está programada para el 20 de julio, y aunque el proceso judicial en Estados Unidos avanza con claridad, el caso LeBarón evidencia que la violencia del narcotráfico no se resuelve únicamente con detenciones o decomisos. La discusión sobre la responsabilidad financiera y operativa de los líderes criminales sigue siendo un tema pendiente en México, donde las estructuras delictivas operan con una capacidad de daño que supera las herramientas institucionales disponibles.