Ciudad de México.- Un procedimiento judicial que fue anunciado por las autoridades como el decomiso de hidrocarburos más importante en la historia reciente de Guanajuato ha comenzado a desmoronarse en los tribunales y ante la opinión pública.
Grupo Simsa, consorcio propietario de la planta intervenida en San José de Iturbide, rechazó contundentemente las acusaciones de almacenamiento ilícito, demostró la vigencia de sus permisos y recordó que esa misma infraestructura fue indispensable para abastecer de combustible al centro del país durante la contingencia energética del sexenio anterior.
Regulaciones en orden y respuesta de la compañía
A través de un posicionamiento público, la empresa matriz aclaró que la terminal es operada de forma legítima por su filial Gas Natural del Noreste.
La compañía precisó que no es dueña del combustible almacenado y que el operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) derivó de una interpretación errónea por parte de los agentes federales.
Para respaldar la legalidad de sus instalaciones —las cuales abastecen al Bajío y a un sector del Valle de México—, el grupo energético detalló que posee una robusta estructura de licencias regulatorias:
Ámbito Federal: Cuenta con el Permiso de Almacenamiento PL/19344/ALM/2016 otorgado por el órgano regulador del sector (con vigencia de tres décadas y ajustes aprobados en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020), además de los avales en materia ambiental y de seguridad industrial ASEA/UGI/DGGTA/0313/2016 y ASEA/UGI/DGGPI/2835/2019 de la ASEA, y la autorización ferroviaria SCT.6.11.413.-153/2018 de la SICT.
Ámbito Local: Mantiene vigentes la licencia de funcionamiento, el Permiso de Uso de Suelo y las validaciones de Protección Civil y Medio Ambiente en los niveles estatal y municipal.
Toda esta documentación, enfatizó la compañía, se encuentra abierta a la fiscalización pública en los portales gubernamentales de los tres órdenes de gobierno.
Infraestructura clave frente al desabasto de 2019
El especialista energético Gonzalo Monroy expuso que la planta intervenida no solo opera de manera regular, sino que cuenta con equipamiento industrial avanzado, incluyendo accesos ferroviarios directos para la recepción de autotanques transfronterizos.
Monroy y la propia empresa recordaron que esta terminal —inaugurada en 2017— fue la pieza logística decisiva para evitar un colapso en el suministro de gasolinas en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí a principios de 2019, cuando el gobierno federal cerró los ductos y la refinería de Salamanca para frenar el robo de combustible.
El complejo privado presta servicios de logística a firmas internacionales como Mobil y Valero, e inclusive ha mantenido vínculos comerciales con Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 2017, cuando resguardó los primeros cargamentos de diésel de importación por tren.
Grupo Simsa, con orígenes en 1967, genera actualmente empleo para más de 14 mil familias en la República Mexicana.
Inconsistencias y vacíos en el reporte oficial
Pese a que la acción policial encabezada por el fiscal federal Juan Francisco Vera fue difundida como un logro monumental al incautar 59 millones de litros de hidrocarburo en diez tanques y tres vehículos de carga, los hechos posteriores contradicen la versión de las autoridades:
Retraso en la difusión: El cateo judicial no se realizó a mediados de septiembre como se sugirió, sino el día 4 de dicho mes; las autoridades omitieron 13 días en su narrativa oficial.
Cero aprehensiones: El despliegue de seguridad no derivó en personas arrestadas ni en la imputación de sospechosos en el sitio.
Continuidad operativa: La instalación —que representa el hub logístico más grande del Bajío con capacidad para 630 mil barriles (100 millones de litros)— jamás fue clausurada y reanudó sus actividades cotidianas el 10 de septiembre.
Resguardo in situ: Las autoridades tampoco aseguraron físicamente el combustible fuera de las instalaciones, dejándolo depositado en los mismos tanques de la empresa.
Hasta el momento, ni la FGR —cuya Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo el caso— ni los cuerpos policiacos de Guanajuato han logrado acreditar la procedencia ilícita del producto o alguna falta penal por parte del consorcio.
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