Las cuentas bancarias vinculadas con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, permanecerán aseguradas. La decisión fue adoptada por unanimidad por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, al resolver a favor de la Fiscalía General de la República el litigio sobre la inmovilización de esos recursos.
El fallo corresponde al amparo en revisión 26/2024 y deja sin validez la protección federal que anteriormente había beneficiado al exmandatario. La controversia provino del juicio de amparo indirecto 1240/2022, presentado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, también con sede en Reynosa.
En primera instancia, ese juzgado había concluido que el bloqueo debía tener una duración máxima de 180 días. El juez estimó que dicho periodo era suficiente para que el Ministerio Público desarrollara las indagatorias y, al considerar agotado ese plazo, concedió el amparo y ordenó dejar sin efectos el aseguramiento.
La resolución colegiada descarta el límite temporal fijado por el juzgado y sostiene la inmovilización mientras continúe la investigación ministerial.
La FGR recurrió esa determinación porque consideró equivocada la interpretación sobre la vigencia de la medida. En su impugnación sostuvo que el aseguramiento no estaba sometido a un periodo fijo, sino que debía conservarse mientras persistieran las causas de la indagatoria y la necesidad de proteger los bienes relacionados con ella.
Después de revisar el expediente, los magistrados hicieron suyos los argumentos del Ministerio Público Federal y concluyeron que el amparo se había otorgado indebidamente. Por esa razón, revocaron la sentencia del Juzgado Octavo y mantuvieron vigente la orden que impide disponer de los recursos bancarios.
El expediente surgió en 2022, cuando la autoridad federal ordenó asegurar cuentas relacionadas con García Cabeza de Vaca como parte de una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La medida también comprende cuentas de otras 12 personas físicas y 24 personas morales vinculadas con el procedimiento.
La resolución representa un nuevo revés judicial para el exgobernador y refuerza la estrategia de la Fiscalía en uno de los frentes patrimoniales más relevantes abiertos en su contra. En términos prácticos, las cuentas continuarán congeladas mientras avancen las investigaciones que dieron origen al aseguramiento.
El criterio del tribunal modifica el alcance que había dado el juez de distrito a la temporalidad de la medida cautelar. En lugar de sujetarla automáticamente a 180 días, la vincula con el curso de la investigación penal y con la permanencia de las razones que justificaron preservar los bienes.
Así, la orden de aseguramiento recupera plena eficacia después de la revisión promovida por la FGR. El fallo no concluye las indagatorias ni determina responsabilidades penales; resuelve específicamente que las cuentas deben seguir inmovilizadas durante el desarrollo del procedimiento ministerial.
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