El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma que reduce de manera gradual la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, medida que se aplicará a partir de 2027 y hasta 2030 y que beneficiará a 13.5 millones de trabajadores.
La iniciativa fue avalada por unanimidad con 121 votos; sin embargo, legisladores de oposición la calificaron como una simulación y un “acto de justicia a medias” con tintes electoreros. Tras la votación en lo general, continúa la discusión de las reservas.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reprocharon a Morena no concretar la reducción en un plazo menor ni garantizar dos días de descanso obligatorio. También advirtieron que la ampliación del límite de horas extra, de nueve a 12 por semana, podría derivar en sobreexplotación y jornadas excesivas.
En contraste, las bancadas oficialistas consideraron histórica la reforma y afirmaron que mejorará la calidad de vida de las y los trabajadores, al permitirles dedicar más tiempo al descanso y a la familia.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, sostuvo que la reforma es resultado de una amplia consulta con los sectores involucrados y cuestionó las críticas de la oposición. “Ahora resulta que sí hay prisa por ayudar a los trabajadores (…) ¿de cuándo acá el neoliberalismo ha tenido prisa por ayudar a la clase trabajadora?”, expresó.
Por el PAN, el senador Marko Cortés reconoció que la reducción podría favorecer la convivencia familiar, el desarrollo personal y disminuir el estrés crónico y enfermedades asociadas. No obstante, señaló que se trata de una “justicia a medias”, ya que el 55 por ciento de los trabajadores se encuentra en la informalidad, por lo que no se beneficiaría de la reforma.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que la medida es electorera al contemplar su aplicación total hasta 2030, año de la próxima elección presidencial. También advirtió que no considerar el sábado como día inhábil podría implicar la pérdida de 25 por ciento de la prima sabatina.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, sostuvo que la reforma no cumple con el objetivo central de establecer dos días de descanso obligatorio. Además, indicó que el nuevo esquema modifica el pago de horas extra, ya que el pago triple aplicaría hasta la hora 13, lo que —dijo— podría representar un retroceso en el ingreso de los trabajadores.
En defensa del dictamen, la senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo, destacó que la implementación gradual permitirá una transición ordenada sin comprometer la economía nacional. “Trabajar menos horas no es producir menos, es vivir mejor”, afirmó.
La reforma establece que por cada seis días de trabajo deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce de salario íntegro. También dispone que el trabajo extraordinario no exceda de 12 horas semanales, distribuidas en hasta cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días. Cuando se supere ese límite, el empleador deberá pagar 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas ordinarias.
Asimismo, se endurecen las restricciones al trabajo extraordinario en menores de edad, ampliando la prohibición hasta los 18 años, con el objetivo de proteger su desarrollo integral.
En su exposición de motivos, el dictamen señala que la reforma busca dejar atrás un esquema laboral vigente desde hace más de un siglo y reconoce que México se mantiene entre los países con mayor carga laboral a nivel mundial, sin que ello se traduzca en mayores niveles de productividad ni en mejor calidad de vida para la población trabajadora.
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