Sólo 35% de las escuelas públicas de educación básica en México cuentan con computadoras e internet para la enseñanza, mientras el otro 65% carece de al menos una de ellas, de acuerdo con un estudio de México Evalúa y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey.
El documento Restringir sin prohibir. La regulación de dispositivos digitales en las escuelas y su implementación, elaborado por esos organismos, advierte que las restricciones al uso de celulares, que entraron en vigor por disposición de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pueden convertirse en una prohibición de facto en esos planteles sin equipamiento tecnológico suficiente.
Marco Fernández, investigador de México Evalúa, advierte que la cifra de 35% podría sobreestimar la disponibilidad real de tecnología, debido a que las estadísticas oficiales contabilizan las computadoras existentes, pero no verifican si funcionan o son aptas para el aprendizaje.
Explica que la información procede del formato 911 de la SEP, mediante el cual las autoridades escolares reportan cada año datos de matrícula, infraestructura y servicios, incluidos electricidad, agua, computadoras y conectividad, pero sin reflejar el deterioro de los equipos.
Recuerda que durante una visita a Parral, Chihuahua, un profesor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos le comentó: “Nosotros tenemos computadoras, en teoría, pero estas computadoras son de hace 15 años”, cuyos programas ya no funcionaban.
La investigación señala que para 56.3% de los usuarios de teléfonos celulares de entre seis y 17 años, estos dispositivos son su única herramienta digital. La proporción alcanza 73.1% entre los hogares con menores del estrato socioeconómico bajo, frente a 11.2% en los de estrato alto, una diferencia de 61.9 puntos porcentuales.
Para Fernández, las restricciones a los celulares tendrían que acompañarse de recursos para equipar las escuelas con computadoras y tabletas, además de inversiones en conectividad y capacitación docente para aprovechar la tecnología en la enseñanza.
“Si la regulación viniera acompañada con recursos, como ocurre en los países que han hecho esta regulación, donde sí tienen tabletas o computadoras para desarrollar las habilidades digitales, donde sí están invirtiendo en capacitar a los docentes para aprender a utilizar la tecnología y mejorar aprendizajes, corregir el problema de falta de comprensión lectora, corregir el problema de matemáticas, no tendría tantas dudas sobre los nuevos lineamientos de la regulación del celular, pero nada de eso es así”, afirma el investigador.
Sostiene que las carencias afectan principalmente a las escuelas públicas, donde numerosos profesores recurren a los teléfonos celulares para consultar materiales educativos, incluidos los códigos QR de los libros de texto gratuitos.
El estudio también revela que 88.2% de los adolescentes de 12 a 14 años utilizan el celular para realizar actividades escolares, mientras que sólo 26.2% declara contar con habilidades para proteger sus dispositivos y datos personales, así como evaluar la confiabilidad de la información que consulta.
Fernández rechaza que el uso de celulares explique por sí solo los bajos resultados educativos de México, y menciona los casos de Corea del Sur, Japón y Turquía, cuyos estudiantes registraron mejores desempeños en la PISA, pese a utilizar estos dispositivos tanto o más que los mexicanos.
También cuestiona que los lineamientos de la SEP no incluyan mediciones iniciales para determinar si la regulación contribuye a mejorar el aprendizaje, la convivencia escolar y las condiciones socioemocionales de los estudiantes, aunque las disposiciones consideran hacer ajustes después de seis meses.
“Lo que necesitamos es, objetivamente, pruebas que den cuenta dónde están los aprendizajes, evaluaciones que den cuenta cómo está el tema socioemocional y la parte de la convivencia social. Las desigualdades en el ámbito del desarrollo de las habilidades digitales en pleno siglo XXI van a seguir profundizándose mientras no vengan acompañados de los recursos y capacitación docente para aprovechar la tecnología y potenciar el aprendizaje”, dice.
Falta de tecnología en escuelas, deuda histórica del Estado
Alejandra Luna, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (Inide) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, advierte que la falta de computadoras, conectividad y equipamiento tecnológico en escuelas públicas constituye una deuda estructural del Estado que afecta principalmente a estudiantes de comunidades rurales e indígenas y zonas urbanas marginadas.
Explica que estas carencias persisten desde hace décadas y se concentran en entidades como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, donde los problemas de infraestructura han limitado la incorporación de herramientas digitales a la enseñanza.
Recuerda que durante la implementación de Enciclomedia, en el gobierno de Vicente Fox, algunas escuelas recibieron pizarrones electrónicos sin contar con electricidad para su utilización, y otros planteles tenían energía eléctrica, pero carecían de internet.
En ese sentido, Luna sostiene que la disponibilidad de tecnología debe analizarse no sólo por el número de computadoras, sino también por su funcionamiento y contribución efectiva a la alfabetización digital.
Resalta, al igual que Fernández, que la regulación de celulares tendría que acompañarse de una estrategia de equipamiento y conectividad, pues la falta de infraestructura no puede resolverse únicamente mediante restricciones.
Sin embargo, cuestiona que durante años se haya recurrido a los teléfonos de los estudiantes para compensar las carencias escolares, debido a que esta práctica traslada a las familias gastos que corresponden al Estado.
Comenta que utilizar celulares y datos móviles para actividades educativas implica costos de conectividad, desgaste de aparatos y riesgos de robo, además de colocar en desventaja a quienes no tienen un dispositivo o deben compartirlo con su familia.
Argumenta que esta situación debe analizarse a la luz del derecho a la educación gratuita establecido en el artículo tercero constitucional, pues las familias no tendrían por qué asumir los costos de los recursos tecnológicos necesarios para aprender.
“Si nos quedamos esperando que el alumno traiga su propio dispositivo y hasta sus propios datos, porque también ese costo se le está pasando a la familia, el costo acaba siendo en el hogar”, puntualiza.
Luna reconoce que las restricciones pueden mejorar la concentración de los estudiantes, reducir las distracciones y favorecer la convivencia escolar, especialmente durante los recreos. Precisa que limitar los dispositivos permitiría privilegiar la socialización, el juego y la regulación emocional de niños y adolescentes.
Aclara que retirar los celulares de las aulas no debe significar renunciar a la alfabetización digital, pues disponer de un dispositivo no garantiza que los estudiantes desarrollen habilidades para utilizar responsablemente la tecnología.
Agrega que la formación digital requiere enseñar a evaluar fuentes de información, desarrollar pensamiento computacional, ejercer una ciudadanía digital responsable y reconocer los riesgos de internet y las redes sociales.
Por ello, plantea que la SEP debe establecer una estrategia de alfabetización digital crítica dentro de los programas de estudio, acompañada de formación docente y recursos suficientes.
Asimismo, propone que las restricciones incluyan excepciones para permitir el uso de teléfonos celulares cuando exista una finalidad pedagógica definida y bajo condiciones establecidas por las autoridades escolares.
Luna considera indispensable que el gobierno federal presente un calendario verificable de equipamiento tecnológico para las escuelas públicas, con metas y mecanismos de supervisión.
Por último, la académica destaca que las autoridades deben evaluar los efectos diferenciados de la regulación de acuerdo con el nivel socioeconómico de los estudiantes y las condiciones de sus escuelas, particularmente en comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas.