Antecedentes de evasión y señalamientos de la oposición
Durante su exposición, el parlamentario blanquiazul advirtió sobre los precedentes institucionales ocurridos en el marco de la actual administración federal, donde diversas personas sujetas a investigación por presuntos ilícitos lograron abandonar el territorio nacional previo a que las indagatorias concluyeran formalmente.
En este sentido, Döring trajo a colación el caso del exfuncionario de seguridad Hernán Bermúdez en Tabasco, además de mencionar a personajes ligados al entorno del expresidente Andrés Manuel López Beltrán —tales como Fernando Farías Laguna, procesado por contrabando de hidrocarburos, y Amílcar Olán, avizorado recientemente en territorio suizo—.
Asimismo, recordó la situación legal del empresario Raúl Rocha Cantú, quien cuenta con mandamiento judicial por delincuencia organizada y fue detectado en Mónaco a mediados de año.
Bajo este panorama, la bancada opositoría insistió en la urgencia de prevenir un escenario similar con la exmandamás del INE y el proveedor señalado, evitando que recursos presuntamente irregulares sean transferidos fuera del país antes de que un juez de control requiera su comparecencia.
Por su parte, Paulina Rubio recalcó que este entramado pone de relieve una problemática recurrente en materia de blanqueo de capitales, señalando que los actores corruptos buscan posicionar en naciones extranjeras los activos sustraídos al erario mexicano.
Bloqueo financiero y acciones legales del propio INE
Las exigencias de la oposición coinciden con el cerco financiero desplegado por el Estado mexicano. El 4 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dictó el congelamiento de los activos de 40 personas físicas y morales integradas en su lista de operaciones con elementos de riesgo.
Esta medida punitiva incluyó de manera directa a la propia Guadalupe Taddei y a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, derivando a su vez en la presentación de una denuncia formal ante la FGR para deslindar responsabilidades penales.
La ofensiva institucional contra la administración anterior del organismo autónomo se robusteció un día antes, cuando Blanca Cruz, consejera presidenta interina, anunció que el cuerpo colegiado acordó instruir a sus representaciones jurídicas para interponer acciones legales ante la fiscalía federal en contra de Taddei y aquellos colaboradores que hubiesen incurrido en conductas delictivas durante su mandato.
Dichas acciones administrativas y penales se acoplan a las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual documentó un modus operandi basado en la triangulación con proveedores cuyas certificaciones fiscales fueron anuladas por operar con empresas factureras, esquemas de subcontratación corporativa y entidades fantasma que facturaban sumas millonarias a pesar de contar con plantillas laborales inferiores a cinco trabajadores.
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