El cumplimiento de medidas alternas y los pagos estipulados
El juzgador sustentó su fallo al comprobar que el exfuncionario cumplió cabalmente con las directrices fijadas el 24 de enero de 2025 para obtener la suspensión condicional del proceso, periodo que se estableció originalmente en un plazo de 18 meses.
Entre las obligaciones cumplidas se consignó la cobertura de indemnizaciones económicas, la realización de una disculpa pública y la asistencia a cursos especializados de protección civil y derechos humanos.
Por su parte, la representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Iliana Ruiz Bautista, corroboró que la dependencia no presentó objeción alguna al sobreseimiento.
Detalló que, al separarse de su cargo, Garduño ordenó la activación de un fideicomiso destinado a saldar las compensaciones pendientes, mediante el cual se erogaron 3.500.000 pesos en favor de ocho de las personas afectadas.
La tragedia en la estación migratoria y las omisiones institucionales
El siniestro se desató en las últimas horas del 27 de marzo de 2023 dentro de la estancia provisional del INM, situada a escasa distancia del puente internacional que enlaza
Ciudad Juárez
con El Paso, Texas.
La conflagración inició cuando varios detenidos prendieron fuego a los colchones como medida de protesta ante las deplorables condiciones de reclusión.
Las indagatorias posteriores evidenciaron que ni los empleados del instituto ni los guardias de la empresa privada a cargo abrieron los accesos mientras el humo tóxico inundaba los dormitorios, un acto de negligencia que impidió escapar a 40 extranjeros e hirió de gravedad a 27 más, además de dejar a 15 mujeres con secuelas severas de estrés postraumático que a la fecha carecen de reconocimiento institucional como víctimas.
Como consecuencia directa, la FGR procedió penalmente contra Garduño por desatender sus deberes de salvaguarda y custodia sobre las instalaciones a su cargo, obligándolo a emitir una disculpa pública el 26 de septiembre de 2025, a más de dos años de la tragedia.
Reclamos de los deudos y rechazo a la resolución
Las diligencias se vieron marcadas por la tensión y el dolor de familias provenientes de distintos países, quienes siguieron el desarrollo a través de videoconferencia y con la asistencia de traductores de la lengua maya k’iché, debido a que el contingente principal correspondía a personas de origen guatemalteco.
En el exterior del recinto judicial, un grupo de manifestantes repudió la llegada del exfuncionario con consignas de “asesino” y reclamos de justicia.
Durante la sesión, los familiares externaron su indignación ante el cierre del caso. Una de las hermanas de las víctimas fatales, identificada como G.C.Q.M., recriminó severamente que, a pesar de los resultados de su gestión en el
INM
,
Francisco Garduño
fuera reubicado posteriormente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuestionando que la actual administración federal encabezada por
Claudia Sheinbaum
premie de ese modo las deficiencias directivas.
En la misma línea, el abogado Marcos Zavala, integrante de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), argumentó que desde el inicio del proceso la
FGR
favoreció al imputado al tipificar los delitos con cargos menores, facilitando así su acceso a salidas alternas.
Confirmó que, además de los juicios de amparo pendientes de resolución, la organización —que representa legalmente a diez sobrevivientes y diez núcleos familiares— impugnará formalmente la resolución judicial, advirtiendo que las actuales instalaciones migratorias continúan operando bajo los mismos patrones de riesgo.
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Con información de Infobae.