El berrinche de Ibarra
Jesús Ibarra pide que Morena corrija la encuesta porque, según él, era el segundo hombre mejor posicionado y no aparecía en sexto lugar. El problema es que esa exigencia de transparencia llegó después: cuando presentaron los resultados, no hizo ahí su reclamo. Incluso reconoció que los datos de Imelda Castro eran correctos y respaldó su triunfo. Ahora pregunta quién cambió su nombre por el de Omar López. Pero si hubo una manipulación, que la pruebe; y si fue un error, que muestre los datos que lo colocaban arriba. Hasta entonces, el reclamo suena menos a defensa de la certeza y más a berrinche de aspirante inconforme. Tere Guerra prácticamente le respondió que se fuera a llorar a la llorería. La frase podrá ser áspera, pero el episodio retrata a Morena: todos hablan de unidad hasta que la encuesta no los deja donde querían. Y vaya lista: Ibarra reclama el segundo sitio entre los hombres, mientras Gerardo Vargas Landeros también aparece en la medición, pese a sus procesos abiertos y al antecedente de su desafuero. ¿Qué criterios usa Morena para medir quién está bien posicionado? Por si faltaba ruido, otro sondeo coloca a Sinaloa entre los estados con mayor inconformidad por la designación de coordinadores: 74.2 por ciento, según el gráfico difundido por Polls.mx y atribuido a LaEncuesta.mx En Morena discuten quién quedó segundo; afuera, muchos cuestionan la decisión completa. Y cuando el reclamo aparece justo después de conocer el marcador, la pregunta cae sola: ¿falló la encuesta o simplemente no gustó el resultado?
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La mano detrás de Graciela
Esta semana vienen más movimientos en el Gobierno del Estado: se anticipan nombramientos en CVIVE, cambios en la Coordinación de Comunicación, ajustes en el despacho del Ejecutivo y relevos en al menos dos secretarías. Nada fuera de lo normal: cada gobernante tiene derecho a formar su equipo y ajustar las áreas que considera necesarias. La pregunta está en otra parte: ¿quién está decidiendo los nombres? En los pasillos se comenta que algunos de los nuevos perfiles no responderían directamente a la gobernadora Graciela Domínguez, sino a alguien más fuera de Palacio. Si esa versión es cierta, los cambios podrán renovar los cargos, pero dejarían intacta una vieja duda: quién ejerce realmente el poder. Un nombramiento puede ser decisión de gobierno; una cadena de lealtades, en cambio, revela quién tiene la mano en la estructura. Esta semana habrá señales para mirar con atención: quién llega, quién sale y, sobre todo, a quién le rinde cuentas cada nuevo funcionario. Porque cambiar nombres es sencillo. Lo que todavía falta saber es si también cambia la forma de gobernar.
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Políticos mezquinos
Mientras los políticos se pelean por el poder, miles de sinaloenses están ocupados en algo más urgente: sobrevivir. La gente de a pie no vive de cargos ni de partidos; vive con el temor de que la violencia alcance su casa, su trabajo o a su familia. Frente a esa realidad, la clase política parece habitar otro planeta. Los aliados del gobierno minimizan la crisis y administran el discurso como si cambiarle el tono pudiera reducirla. La oposición, en cambio, aprovecha cada tragedia para sumar puntos, como si explotar el dolor fuera lo mismo que representar a la gente. Unos maquillan; otros lucran. Y mientras unos defienden al gobierno y otros afilan los colmillos para disputarle el poder, las familias siguen esperando seguridad y respuestas. Sinaloa necesita altura de miras, no mezquindad política; soluciones, no propaganda. La violencia no distingue colores partidistas. La clase política debería dejar de usarla para sus pleitos y empezar a responder por quienes hoy enfrentan solos sus consecuencias.
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La descarga de la impunidad
A un mes y diez días de la muerte de Teresa Juliana, electrocutada cuando acudió a recoger a su hijo a una escuela primaria de Culiacán, el silencio de las autoridades resulta tan preocupante como indignante. La Fiscalía sigue sin resolver un caso que exige respuestas, responsables y justicia. Apostarle al tiempo para que la tragedia se diluya en el olvido sería una forma más de impunidad. La dirección del plantel, la SEPyC, el ISIFE y Proeduca, que participó en el proyecto de rehabilitación, tienen explicaciones pendientes. Hasta ahora, nadie parece dispuesto a asumir la responsabilidad por los cables que acabaron con la vida de una madre de familia. No se trata de repartir culpas al tanteo, sino de investigar quién falló y por qué nadie advirtió un peligro que pudo haber cobrado también la vida de un niño. Porque detrás del expediente hay una familia rota y un pequeño que tendrá que volver a clases sin su madre, sin esa mentora que lo esperaba y lo acompañaba. La electricidad le arrebató la vida a Teresa Juliana; ahora corresponde a la Fiscalía demostrar que la negligencia no encontrará refugio en el olvido.