Ante los cuestionamientos de la prensa acerca de los operativos policiales, la funcionaria acotó que, si bien los cuerpos de seguridad tienen la facultad de contener situaciones de tensión, existe una línea clara de separación, ya que “una cosa es contener y otra cosa es reprimir”.
Bajo esta premisa, insistió en que las disputas públicas deben conducirse por la vía pacífica tanto por parte de la ciudadanía como de los estamentos de gobierno. Sobre la presunta aplicación de gases lacrimógenos por parte de los cuerpos de seguridad locales, apuntó que el gobierno estatal debe rendir cuentas al respecto, aclarando que no pretende enfrascarse en disputas personales con el gobernador Pablo Lemus.
Respecto a una posible mediación del Gobierno de México en el conflicto, puntualizó que el asunto compete inicialmente al ámbito estatal, aunque la Secretaría de Gobernación podría involucrarse si se formaliza una petición en ese sentido.
Los datos oficiales dados a conocer por la administración jalisciense cifran en 39 los aprehendidos durante los disturbios, además de contabilizar 28 elementos policiales heridos y 31 civiles atendidos por personal médico. Por su parte, la fiscalía local indicó que seis de las personas privadas de la libertad recobraron su libertad la noche del domingo, quedando pendientes otras cuatro excarcelaciones.
En contraste, organizaciones y medios independientes reportaron cifras divergentes: el portal Somos el Medio documentó al menos 52 detenciones, en tanto que un reportero de Reporteros MX difundió un registro nominal de 56 afectados recabado a partir de avisos en plataformas digitales, el cual carece de validación independiente.
En el plano financiero e infraestructura hidráulica, Sheinbaum abordó la propuesta del mandatario estatal en torno al modelo de financiamiento conocido como CMRO —habitualmente implementado en proyectos carreteros—, señalando que la administración federal considera que la gestión del agua posee dinámicas operativas distintas.
Reportó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió sobre la presencia de un esquema de operación privada dentro de la propuesta, por lo que el objetivo principal es diseñar un mecanismo que evite la privatización del suministro.
Asimismo, recordó que la iniciativa requiere el aval del Congreso de Jalisco —donde estimó se requiere una mayoría calificada de dos terceras partes—, apuntando que existen legisladores de Morena posicionados en contra y cuya decisión final será respetada.
Para evaluar este proyecto mixto, financiado de forma compartida entre el estado y la Federación, se programó una mesa de trabajo este lunes con el fin de perfilar posibles alternativas.
Al hacer memoria sobre la administración federal pasada, la presidenta aseveró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador cumplió con su compromiso al edificar la presa proyectada para la región, mientras que el exgobernador Enrique Alfaro incumplió su parte al no ejecutar las obras hídricas necesarias para solucionar el problema.
Cuestionada sobre la ausencia de invitación hacia el exmandatario estatal en las mesas de discusión, sugirió interrogar directamente a los implicados, reiterando que la responsabilidad sobre el origen de la mala calidad del líquido recae estrictamente en las autoridades locales.
Todo este escenario de tensión política y social se desencadenó en el marco de una grave crisis de salubridad y abastecimiento en la Zona Metropolitana de Guadalajara, caracterizada por denuncias ciudadanas sobre agua turbia y fétida.
Como respuesta a la emergencia, el gobernador Pablo Lemus reconoció el pasado 6 de octubre una problemática de desabastecimiento sin precedentes y notificó la suspensión temporal en la extracción de recursos desde la presa Las Pintas, lo que traducirá en esquemas de tandeo para los habitantes durante un periodo aproximado de medio año.
Síguenos en Facebook, Twitter,
Youtube ¡Dale click y ponte Adiscusión!.
Con información de Infobae.