Las sanciones recayeron sobre Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis, Ángel Díaz Zarco, Martín Santana Martínez, María Raquel Rubio Rodríguez y Violeta Hernández Paniagua, a quienes el Órgano Jurisdiccional atribuyó responsabilidad en delitos de evasión, robo con violencia, abuso de autoridad y daños en los bienes, según la conducta acreditada a cada involucrado.
Tumulto durante el acto protocolario y responsabilidades específicas
La secuencia de hechos se remonta a la mañana del 17 de diciembre de 2024. A las 8:04 horas, mientras
Hernández
encabezaba el acto de toma de protesta en la explanada principal de Santo Tomás, efectivos de la Policía de Investigación irrumpieron en el sitio para ejecutar un mandato judicial de captura enmarcado en la Operación “Enjambre”.
Un grupo de inconformes reaccionó violentamente arremetiendo contra el personal de la fiscalía y destrozando patrullas, maniobra que brindó la oportunidad al entonces edil electo de escapar del perímetro.El expediente judicial detalla que los imputados desempeñaban roles de diversa índole durante la turba. En la estructura gubernamental, María Raquel Rubio Rodríguez ocupaba el cargo de primera regidora del ayuntamiento, en tanto Nélida Ávila Chamorro ejercía como secretaria municipal.
Asimismo, Ángel Díaz Zarco y Martín Santana Martínez participaban como elementos activos de la policía local. Por su parte, Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua se sumaron a la agresión en calidad de civiles, ocasionando estragos en las unidades oficiales de los agentes aprehensores.
Desglose de penas dictadas por el Poder Judicial
Tras la revisión de la carga probatoria presentada por la representación social, la autoridad judicial determinó las sanciones privativas de la libertad acordes al nivel de participación de cada sentenciado:
Ángel Díaz Zarco: 14 años de cárcel por las faltas de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.
Martín Santana Martínez: 12 años y 8 meses de reclusión por los ilícitos de evasión y robo con violencia.
Litzy Mariana Domínguez Vilchis: 8 años y 8 meses de prisión tras acreditarse su responsabilidad en evasión y daño en bienes.
María Raquel Rubio Rodríguez: 6 años de internamiento penitenciario por los delitos de evasión y abuso de autoridad.
Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua: 4 años y 8 meses de prisión para cada una.
Rastreos, arrestos y el saldo de la Operación “Enjambre”
Las pesquisas ministeriales desarrolladas por la
FGJEM
tras los disturbios permitieron identificar el grado de intervención de las siete personas en la facilitación de la fuga.
Con los elementos reunidos, las fuerzas del orden procedieron a su localización y aprehensión, disponiendo su ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social a la espera de la conclusión del proceso legal.
Pese a haber logrado la evasión inicial con ayuda del tumulto y de funcionarios municipales que recurrieron a la violencia, la evasión de
Pedro Luis Hernández
concluyó el 8 de febrero de 2025, cuando efectivos de seguridad lo interceptaron en el municipio de Valle de Bravo en el marco de las acciones continuas de la Operación “Enjambre”.
Actualmente, “Wicho” permanece recluido en un penal de la entidad enfrentando un proceso por extorsión agravada y por presuntas conexiones con La Familia Michoacana, grupo criminal que habría recibido cobertura de la policía local durante su gestión y la de su cónyuge, María del Rosario “N”, alcaldesa saliente de la demarcación.
El operativo "Enjambre" constituye una estrategia articulada entre dependencias federales —Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— y las autoridades del
Estado de México
mediante la Secretaría de Seguridad estatal y la fiscalía local.
El mecanismo busca neutralizar las redes criminales que operan en territorio mexiquense mediante complicidades institucionales. Con estas siete resoluciones, la cifra de personas sancionadas penalmente en el marco de la estrategia asciende a 27.
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Con información de Infobae.