La paz no necesita odio

La marcha por la paz realizada hoy en Culiacán merece respeto y solidaridad. La cifra de participantes es lo de menos. Detrás de ella hay familias que han perdido a un ser querido, que buscan a un desaparecido o que han sufrido en carne propia los estragos de esta prolongada narcoguerra. Ellos tienen todo el derecho a gritar, reclamar, exigir y repudiar. Lo lamentable es que una expresión que pudo convertirse en un auténtico grito ciudadano terminó contaminada por protagonismos políticos y actitudes que, lejos de unir, alimentan el odio. El episodio de Miguel Taniyama negándole el micrófono a una madre buscadora, diciéndole que “su muerto es uno más” y reclamándole que respetara su momento, resulta particularmente desafortunado. El dolor de una madre no puede competir con el ego de quien toma el micrófono; mucho menos en una marcha que, precisamente, debía poner a las víctimas en el centro. También es legítimo protestar contra quienes gobiernan, incluso mediante la sátira o las piñatas. Lo que deja un mal sabor es convertir a niños y adolescentes en participantes de actos donde se golpea o se incinera simbólicamente a figuras públicas, porque una cosa es ejercer la protesta y otra muy distinta normalizar el odio. Las marchas por la paz son necesarias y bienvenidas. Pero si quienes las organizan terminan colgándose de una tragedia colectiva para construir protagonismo político, entonces desperdiciaron la oportunidad de convertir el dolor de miles en una voz verdaderamente ciudadana. El dolor de las víctimas no tiene dueño, ni partido, ni candidato. Mucho menos debería tener protagonista.

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Graciela abre la puerta

La Marcha por la Paz de este domingo dejó un mensaje que nadie debería minimizar: Culiacán quiere recuperar sus calles, su tranquilidad y la certeza de que vivir no puede convertirse en un acto de resistencia. La protesta merece respeto, porque detrás de cada pancarta hay dolor, ausencia y una exigencia legítima de seguridad. En ese escenario, la postura de la gobernadora Graciela Domínguez fue la correcta: reconocer la movilización, defender el derecho de la gente a manifestarse y asumir que recuperar los espacios públicos no es una concesión del gobierno, sino una obligación compartida. No descalificó a quienes marcharon ni pretendió apropiarse de su causa; ofreció diálogo y el compromiso de profundizar el trabajo institucional. Y no es sólo discurso. En pocas semanas ha buscado sentarse con distintos sectores: alcaldes, representantes sociales, actores políticos, sindicatos, el obispo y madres buscadoras. Incluso cuando hay reclamo, inconformidad o desconfianza, ha mantenido abierta la puerta. Con las buscadoras, por ejemplo, ha expresado disposición a revisar estrategias, atender sus necesidades y dar seguimiento a sus demandas; el diálogo no resuelve por sí mismo una herida tan profunda, pero cerrarlo jamás la resolvería. La gobernadora tiene enfrente una crisis enorme y resultados que entregar. Nadie puede pedirle milagros ni eximirla de responsabilidad. Pero también hay que decirlo con justicia: Graciela Domínguez ha mostrado una actitud de suma, escucha y cercanía en un momento donde Sinaloa necesita menos confrontación estéril y más puentes. La paz no se decreta desde un templete; se construye escuchando, coordinando y actuando. Y, al menos hasta ahora, la gobernadora ha entendido que esa puerta debe permanecer abierta.

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Imelda parece entender el reto

Hay algo particularmente interesante en las declaraciones de Imelda Castro, coordinadora de la 4T en Sinaloa, en una entrevista que concedió al periódico El País porque más allá del discurso de fortaleza electoral de Morena, hay un reconocimiento que no debería pasar desapercibido: no pueden confiarse, pese a las ventajas en encuestas, porque el llamado “voto de castigo existe” y ya “lo hemos vivido”. Y quizá ahí esté la parte más política de la entrevista. Porque si Morena tiene, como sostiene la senadora con licencia, una ventaja importante en las preferencias electorales, también enfrenta un escenario que no puede minimizar: casi dos años de violencia que ha derivado en una una profunda crisis política, desgaste institucional con la salida del Gobernador Rubén Rocha y una sociedad que ha pagado un costo demasiado alto. Decir que no hay que confiarse equivale, en términos políticos, a admitir que la elección de 2027 no está ganada y puede no ser un día de campo. Las encuestas son fotografías, pero la realidad social también vota; y esa realidad en Sinaloa está marcada por el miedo, el hartazgo y la exigencia de resultados. Imelda Castro parece entenderlo. Morena puede conservar una amplia ventaja, pero si algo ha demostrado la política es que las victorias anticipadas suelen ser las más peligrosas. La entrevista vale la pena que se lea porque en esa conversación la coordinadora deja en claro que no hay tema tabú al que le saque la vuelta. Y la entrevista de El País no deja tema sin tocar.

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Elota: menos declaraciones

Al alcalde de Elota, Richard Millán, le ha gustado entrar a la pelea política, responder críticas y cuestionar lo que otros han hecho —o dejado de hacer— por el municipio. Pero hay asuntos que no se resuelven con conferencias, videos ni descalificaciones: se resuelven pagando lo que se retiene a los trabajadores y se debe a las instituciones. Los resultados 44 y 45 de la revisión de la Cuenta Pública 2025 son demasiado serios como para minimizarlos. La ASE observó que el Ayuntamiento registró cuotas al ISSSTE por 2 millones 845 mil pesos y no acreditó haber enterado un solo peso durante todo el año. Cero pagos de enero a diciembre. El dato más delicado está en el ISR de salarios. El municipio registró retenciones por casi 11 millones de pesos; de esa cifra sólo reportó pagos por poco más de 549 mil pesos, dejando pendiente de enterar 10 millones 412 mil pesos al SAT. No es dinero que se pueda confundir con una obra, una gestión o un pendiente administrativo cualquiera: son recursos retenidos de la nómina que debieron llegar a su destino. Y el contexto tampoco ayuda. La propia auditoría determinó recuperaciones probables por 13.9 millones de pesos y pasivos sin fuente de pago por más de 20.3 millones. Es decir, no se trata de una observación aislada, sino de señales de un manejo financiero que exige explicaciones, documentos y soluciones. Richard Millán puede seguir discutiendo quién ha hecho más o menos por Elota. Pero antes de repartir calificaciones hacia afuera, tendría que explicar por qué su Ayuntamiento aparece con cuotas de seguridad social e ISR retenido sin enterar. En el gobierno, declarar es fácil; cumplir con las obligaciones y rendir cuentas es lo que verdaderamente cuenta. Menos palabras y más acciones reales, alcalde. La pregunta obligada no es dónde quedó el dinero —eso tendrán que determinarlo las autoridades competentes—, sino cuándo se enterará lo retenido y quién responderá por ese incumplimiento.