Inzunza: jugada de alto riesgo
Después de más de 120 días de ausencia, Enrique Inzunza reapareció en el Senado y decidió dar la cara justo cuando el costo político de hacerlo puede ser mayor. Su regreso, además, ocurre tras separarse de la bancada de Morena y en medio de una polémica cuanto escandalosa investigación que lo colocó en el centro de una de las mayores crisis políticas de Sinaloa. Habrá que reconocer algo: enfrentar nuevamente los reflectores y el escrutinio público no parece precisamente la salida más cómoda. Pero una cosa es informar, cuestionar y exigir explicaciones, y otra muy distinta es que desde algunos medios se haya asumido el papel de juez, investigador y hasta sentenciador de un caso que corresponde esclarecer a las autoridades competentes. Porque Inzunza –como cualquier persona que es acusado penalmente-- puede ser cuestionado, señalado y sometido al más estricto escrutinio público, pero también tiene derecho a que las imputaciones en su contra se investiguen y se determinen conforme a la ley. Su reaparición es una jugada de alto riesgo porque puede interpretarse como un desafío al poder, de lo que sabremos esta mañana de martes desde La Mañanera del Pueblo porque, júrelo, será tema con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien de golpe y porrazo se sacudió este tema que le generó la peor crisis a su gobierno. Ahora habrá que ver si la decisión de Inzunza de dar la cara pesa más o la reacción que provoque su regreso. Porque en política, a veces, reaparecer también es una forma de medir hasta dónde llega el poder… y hasta dónde llega la propia fortaleza o ¿a qué se atiene?
*********
El Silencio no reduce la violencia
En tiempos en que la transparencia y el acceso oportuno a la información deberían ser aliados para entender la realidad que vive Sinaloa, resulta cuando menos contradictorio que la Fiscalía General del Estado deje de publicar, a partir de este 1 de septiembre, su informe diario sobre homicidios, privaciones ilegales de la libertad y robo de vehículos. El argumento es que se apegará al criterio del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, pero el cambio no deja de generar preguntas y bastantes ‘sospechosismos’. Porque si las áreas de seguridad pretenden reducir la percepción de inseguridad haciendo que se hable menos de ella, habría que recordar que dejar de publicar cifras no hace que desaparezcan los delitos. Por el contrario: abundarán más las dudas y las especulaciones. La sociedad necesita información puntual, precisa y verificable para saber qué está ocurriendo, no silencios administrativos que alimenten dudas o especulaciones. El problema, empero, es que la desinformación puede ser peor que la propia percepción de inseguridad. Cuando los datos dejan de estar al alcance de manera clara y cotidiana, el vacío lo termina llenando la rumorología. Y en materia de seguridad, informar menos no necesariamente significa que exista menos violencia, porque los hechos de plomo, sangre y terror están a la vuelta de cada esquina donde la gente está siempre expuesta a ser víctima de los criminales.
*********
Bienestar en el territorio
Hay programas sociales que se pierden entre cifras y discursos, y otros que pueden medirse directamente en el bolsillo de las familias. La Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil es uno de estos últimos. Con más de 132 mil estudiantes beneficiados y una tarifa que reduce de 15 a 3.50 pesos el costo por viaje, el apoyo representa un alivio cotidiano para miles de hogares sinaloenses. En SEBIDES, Francisco Javier Barrón parece haber entendido que la política social también debe construirse desde lo práctico: apoyos sencillos, accesibles y con un beneficio claramente identificable. Pero también desde algo que en este tipo de dependencias resulta fundamental: el territorio y el contacto directo con la gente. Durante etapas anteriores, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable mantuvo quizá un perfil más técnico y administrativo, concentrado en la operación de los programas y las responsabilidades propias de la dependencia. Desde la llegada de Barrón Aguayo, sin embargo, se percibe un cambio en la dinámica. La Secretaría se ha abierto mucho más, ha salido de las oficinas y ha llevado buena parte de su operación directamente a colonias, comunidades y municipios. Barrón ha optado por una presencia mucho más territorial, recorriendo el estado y acercando los programas a sus beneficiarios. Y tratándose de una dependencia encargada precisamente del bienestar social, esa cercanía no es un asunto menor: muchas veces la diferencia entre que un programa exista y que verdaderamente funcione está en conseguir que llegue hasta donde se necesita. La tarjeta estudiantil es solamente una muestra. El reto ahora será mantener esa cobertura, facilitar todavía más los trámites y conseguir que ningún estudiante que necesite este respaldo se quede fuera. Sin estridencias, Barrón Aguayo comienza a construir una gestión en la que los resultados y la presencia en territorio pueden hablar más que cualquier discurso. Sebides se está viendo más en la calle y menos detrás de un escritorio. Y en tiempos donde la ciudadanía exige funcionarios cercanos, programas que funcionen y resultados que puedan sentirse en la vida cotidiana, no es poca cosa.
*********
Cuentas que no cuadran
Los 236.9 millones de pesos que la Auditoría Superior del Estado mantiene como importe de probable recuperación en la Cuenta Pública 2025 son suficientes para encender alertas, pero hay un dato todavía más relevante: la mayor concentración de esas observaciones está nuevamente en los municipios. La ASE determinó inicialmente acciones por 934.7 millones de pesos. Durante el proceso de fiscalización fueron atendidos o recuperados casi 698 millones, pero quedaron pendientes 236.9 millones que los entes fiscalizados tendrán que aclarar y solventar dentro de los plazos establecidos por la ley. Lo preocupante viene después. La propia auditora superior, Emma Guadalupe Félix Rivera, reconoce reincidencias y problemas que deberían estar superados: falta de documentación justificativa, deficiencias de control interno y, todavía más delicado, conceptos de obra pública que se pagan pero no se ejecutan o presentan problemas de calidad. Y entre los 59 informes entregados al Congreso aparece un caso que merece atención especial: Ahome. La ASE practicó al municipio una auditoría específica de tipo forense correspondiente al periodo 2024-2025, una revisión que tiene como antecedente una denuncia relacionada con contratos de la administración municipal anterior. Habrá que esperar los informes individuales para conocer cuánto corresponde a cada municipio y cuáles observaciones permanecen firmes. Porque sería incorrecto convertir desde ahora esos 236.9 millones en daño al erario: jurídicamente todavía no lo son. Pero tampoco puede minimizarse que nuevamente existan municipios con observaciones similares y que, particularmente en Ahome, la revisión haya escalado hasta una auditoría forense. Ahora vienen 15 días hábiles para aclarar y solventar. Después sabremos cuánto de esos 236.9 millones tenía explicación y cuánto no. Porque una irregularidad puede corregirse; la reincidencia, en cambio, ya obliga a preguntarse por qué se sigue permitiendo.