Culiacán, Sinaloa.- José Esteban Zamudio Armenta denunció presuntas irregularidades y falta de seguimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) a varias carpetas de investigación que presentó contra su expareja, Atala Cepeda, quien actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público en la institución.
El denunciante señaló que interpuso acusaciones por violencia familiar y robo, pero aseguró que las investigaciones permanecen sin resolverse, pese a que, según su versión, existen pruebas de daños físicos y psicológicos, así como documentación que fue integrada a las carpetas.
Afirmó que la situación podría estar relacionada con el cargo que ocupa su expareja dentro de la Fiscalía, pues considera que recibe protección de trabajadores de la institución y que sus denuncias no reciben la misma atención que otros procedimientos.
Explicó que el caso comenzó en junio de 2025 y que incluso se realizó una audiencia ante un juez de control, quien habría solicitado a la Fiscalía emitir una resolución sobre las investigaciones; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha obtenido respuesta.
Además, denunció que tanto él como sus familiares han recibido amenazas, algunas de ellas mediante mensajes anónimos dejados en el domicilio de su madre.
Señaló directamente al padre de su expareja, José Antonio Cepeda y a la propia Atala Cepeda por presuntamente estar relacionados con estas intimidaciones.
La madre del denunciante manifestó que las amenazas han llegado al grado de advertirles que deben abandonar la ciudad y aseguró que también han presentado denuncias por estos hechos, acompañadas de grabaciones de cámaras de vigilancia.
Por otra parte, Zamudio Armenta expuso un conflicto relacionado con la convivencia con su hijo de cuatro años, pues afirmó que existe una resolución provisional del Juzgado Quinto Familiar que establece visitas los domingos, de 10:00 a 16:00 horas, pero acusó que esta disposición ha dejado de cumplirse desde abril.
Indicó que ha presentado promociones ante el juzgado para solicitar que se garantice la convivencia, pero asegura que tampoco ha recibido una respuesta favorable.
Asimismo, cuestionó el avance de una demanda de pensión alimenticia promovida por su expareja, en la que, según dijo, se le reclaman 8 mil pesos mensuales con base en supuestos ingresos y negocios que asegura no son de su propiedad.
El denunciante también sostuvo que algunos abogados que lo han representado dejaron de llevar sus casos después de presuntamente recibir amenazas para que no continuaran con el procedimiento.
Ante esta situación, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que revise las carpetas de investigación, dé seguimiento a las denuncias y emita las resoluciones correspondientes, sin importar que la persona señalada trabaje dentro de la misma institución.
“Lo único que quiero es que me resuelvan, conforme a derecho, esas carpetas. Que les den seguimiento, no nada más porque ella trabaje aquí y tenga conocidos”, expresó.
Las acusaciones corresponden a la versión del denunciante y su madre; hasta el momento, en la información proporcionada no se cuenta con una postura de la agente señalada ni de las autoridades mencionadas.
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