Durante la plenaria, la legisladora respaldó las proyecciones financieras contempladas para el próximo ciclo anual, argumentando que la economía mexicana ostenta pilares firmes, tales como la diversificación productiva, solidez en su sistema financiero y un mercado interno apuntalado por el incremento salarial de los trabajadores.
El marco macroeconómico integrado en el documento anticipa un crecimiento del producto interno bruto de entre 1.5 y 2.5 por ciento, un valor de referencia para el crudo fijado en 61.8 dólares por barril, un tipo de cambio promedio de 18 pesos por cada dólar norteamericano y una tasa de inflación acumulada de 3 por ciento.
Asimismo, Gómez Pozos puntualizó que el desembolso proyectado implica un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos frente al asignado en 2026, lo que representa una expansión real del 1.3 por ciento.
Dentro del desglose de las partidas económicas, el anteproyecto prioriza el rubro de infraestructura mediante una inversión proyectada de un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, de los cuales el 90.5% se canalizará de forma directa a la inversión física con el propósito de optimizar la competitividad, expandir las redes de transporte y estimular la creación de empleos en todo el país.
En paralelo, los programas sociales esenciales absorberán un monto ligeramente superior al billón de pesos, equivalente al 2.6 por ciento del PIB, recursos orientados a edificar una red de protección universal desde la infancia hasta la tercera edad con el fin de abatir rezagos sociales.
Por otra parte, el gasto federalizado destinado a las entidades federativas y municipios ascenderá a tres billones 48 mil 223.2 millones de pesos, traduciéndose en una variación positiva real del 4.6% respecto al ejercicio previo.
Al clasificar los recursos por finalidad funcional, el plan asigna un total de siete billones 432 mil 529.7 millones de pesos, desglosados en 522 mil 954.1 millones para funciones de Gobierno, cinco billones 384 mil 912.8 millones orientados al Desarrollo Social y un billón 518 mil 676.8 millones destinados al Desarrollo Económico.
Pese a la aprobación inicial, el debate legislativo estuvo marcado por duras críticas de las bancadas opositoras del PAN y del PRI, cuyos representantes recriminaron omisiones críticas y un sesgo inercial en el gasto.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández reprochó el elevado nivel de endeudamiento contemplado en la estrategia financiera, advirtiendo sobre 1.7 billones de pesos financiados mediante deuda pública más allá de la recaudación tributaria, además de denunciar un recorte del 12.3% en la inversión para infraestructura y afectaciones a órganos autónomos.
En la misma tónica, el legislador priista Mario Zamora Gastélum lamentó que el dictamen final conservara casi intacta la propuesta original de la Secretaría de Hacienda pese a las decenas de opiniones emitidas por las comisiones, destacando la incorporación de seis mil 500 millones para el acueducto de Guadalajara pero recriminando la falta de apoyos para policías locales, sanidad y certeza jurídica agropecuaria.
A las objeciones se sumaron los diputados panistas Paulo Gonzalo Martínez López —quien cuestionó destinar más de 17 mil millones al Tren Maya en detrimento de hospitales, carreteras y escuelas— y Noemí Berenice Luna Ayala, quien alertó que el presupuesto para salud equivale a un escaso 2.9% del PIB frente al 6% recomendado a nivel internacional, agravando el gasto de bolsillo de los hogares vulnerables, postura respaldada también por la senadora y diputada priista Nadia Navarro Acevedo respecto al desabasto médico.
Al término de la votación en lo general y de los artículos no reservados, la presidenta de la comisión, Merilyn Gómez Pozos, declaró un receso e informó que las deliberaciones se reanudarán este viernes 6 de noviembre a las 10:00 horas para desahogar las reservas particulares presentadas por los legisladores.
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Con información de Infobae