Los reportes del estamento militar estadounidense revelan que en los últimos 30 días se contabilizaron 378 avistamientos e incursiones de aeronaves no tripuladas en la franja fronteriza, observándose una tendencia ascendente.
Según puntualizó el brigadier general Brian Filler, quien se desempeña como segundo al mando de las operaciones dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, las unidades detectadas corresponden predominantemente a modelos comerciales equipados con sistemas de grabación óptica.
Estas herramientas son empleadas de manera simultánea con trayectorias irregulares de personas, asociándolas directamente a redes de tráfico de migrantes y contrabando.
Aunque los funcionarios norteamericanos admiten que estos aparatos distan de las especificaciones tácticas utilizadas en los escenarios de guerra de Ucrania, la zona limítrofe funciona como un polígono de adiestramiento para las tropas y de ensayo para nuevos pertrechos.
Como parte de estos despliegues iniciados en agosto, las fuerzas armadas confirmaron que hasta los primeros días de octubre han neutralizado 11 drones adjudicados a bandas delictivas mediante el uso de armamento láser.
Entre los prototipos evaluados destacan el modelo interceptor Ghost (desarrollado por Anduril), plataformas integradas de detección radar y ópticas de Teledyne FLIR, la estación de tiro automatizada Bullfrog (de Allen Control Systems) y un vehículo aéreo de intercepción diseñado por Powerus —firma que recientemente ingresó al mercado bursátil tras fusionarse con un fondo vinculado a los hijos del mandatario Donald Trump—.
Estas actividades han generado repercusiones en la agenda bilateral. La mandataria Claudia Sheinbaum ha remarcado enfáticamente que cualquier incursión o maniobra no autorizada de Washington en suelo nacional representaría una vulneración sustancial a la soberanía del país.
Esta postura fue reiterada a finales del mes de agosto, cuando tropas estadounidenses emplearon tecnología láser para neutralizar tres aeronaves no tripuladas sobre el sector del valle del Río Grande, Texas. El antecedente de este tipo de intervenciones incluye un incidente ocurrido en febrero, reportado por asesores legislativos de EE. UU., en el que un láser derribó por equivocación un dron perteneciente al propio gobierno estadounidense.
Tiempo atrás, en julio de 2025, la jefa del Ejecutivo mexicano desestimó las alertas emitidas por agencias estadounidenses sobre el uso de estos dispositivos por el crimen organizado, asegurando que no existía evidencia de nuevas unidades ni motivos de alarma.
En contraste, representantes del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos señalaron que durante el segundo semestre de 2024 se registraron más de 27 mil avistamientos de drones a una distancia menor a 500 metros de la frontera.
En respuesta a la problemática, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, dio a conocer que la infraestructura defensiva nacional contempla 165 dispositivos antidrones apostados en el norte del país.
Asimismo, a inicios de septiembre la dependencia confirmó un operativo coordinado en el paso Tijuana-San Diego, asegurando que el trabajo conjunto respeta los marcos de soberanía.
Paralelamente a las maniobras militares, la agenda de seguridad abarca la formación policial. El embajador Ronald Johnson hizo público el 3 de octubre el fortalecimiento de la cooperación en el estado de Querétaro mediante la creación de la Academia Internacional de Capacitación Policial.
La primera piedra del proyecto se colocó el 2 de octubre junto al mandatario estatal Mauricio Kuri (PAN) en el Complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Con un presupuesto asignado que supera los 30 millones de pesos y una fecha estimada de entrega para la primera quincena de enero de 2027, el centro se erige como la primera instalación de su tipo en la región enfocado en instruir sobre el combate al tráfico de sustancias, armas, divisas y mercancías.
Johnson destacó que el programa de asistencia estadounidense ha preparado a 4,732 efectivos en Querétaro desde 2015, entre los cuales figuran 1,714 miembros de la fiscalía local.
El panorama de cooperación y seguridad fronteriza se entrelaza de forma abierta con el clima político rumbo a los comicios intermedios del año 2027. La controversia por la influencia externa cobra relevancia regional.
Este 5 de octubre, tras la primera vuelta electoral en Brasil donde Flávio Bolsonaro (47.11%) y Lula da Silva (45.06%) se perfilan para un balotaje el 25 de octubre, la Policía Federal del país sudamericano abrió una indagatoria por presunta injerencia estadounidense a solicitud de la Abogacía General.
El bloque oficialista de Lula señala que los aranceles imponibles y la catalogación de carteles locales como grupos terroristas buscan beneficiar a Bolsonaro, alegatos que la administración de Donald Trump ha rechazado formalmente.
En el plano interno, Claudia Sheinbaum denunció a finales de mayo durante un acto público intentos de intervención norteamericana en las elecciones de 2027, derivado de sealamientos contra cuadros políticos y la realización de operativos con presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.
Ante este escenario, el Poder Legislativo federal avaló una modificación al artículo 41 de la Constitución para establecer la injerencia extranjera como un motivo explícito de nulidad en las elecciones.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, junto a legisladores de su bancada, recriminó la medida argumentando que Morena pretende estructurar un marco legal para desconocer triunfos opositores y aplicar mecanismos de censura, manifestando que ninguna fuerza política respalda la injerencia externa.
Por su parte, publicaciones periodísticas del medio Contralínea atribuyen al embajador Ronald Johnson, en alianza con sectores de oposición y agrupaciones conservadoras, una estrategia para profundizar el intervencionismo, datos que no cuentan con validación oficial.
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Con información de Infobae.