Almoloya, Ciudad Juárez.- Tras una prolongada audiencia inicial de más de 30 horas, la justicia federal mexicana determinó vincular a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, junto a siete personas más, por su presunta implicación en un esquema masivo de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.
La resolución, dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, fija como medida cautelar la prisión preventiva justificada dentro del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el Altiplano, para la mayoría de los señalados.
La detención de Ruffo Appel, ejecutada en Ensenada el pasado 16 de julio, responde a una investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).
Según los datos presentados por la institución ministerial, el expolítico habría encabezado una estructura dedicada a la importación e introducción irregular de derivados del petróleo mediante la evasión sistemática de impuestos aduanales, una modalidad conocida operativamente como «huachicol fiscal.
El esquema de evasión en la frontera norte
La investigación documentó al menos 4 mil 238 operaciones de importación realizadas durante el primer semestre de 2025. El modus operandi se centraba en la adquisición de gasolina regular y diésel en refinerías del estado de Texas, Estados Unidos.
Al cruzar la frontera por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en el estado de Tamaulipas, las empresas involucradas reportaban volúmenes sensiblemente inferiores a los trasportados o declaraban el ingreso de productos distintos para eludir las contribuciones correspondientes.
Los peritajes financieros presentados ante la jueza señalan que, de cada carro tanque de ferrocarril con capacidad aproximada de 110 mil litros, la red solo declaraba alrededor de 10 mil litros, reportando de manera global apenas el 10% del combustible real importado.
Se calcula que mediante este mecanismo ingresaron al país más de 15.2 millones de litros no declarados distribuidos en 162 vagones de tren, lo que generó un perjuicio económico al fisco federal proyectado en más de 4 mil millones de pesos.
Para facilitar la internación y el posterior flujo de capitales, la organización contaba con la complicidad de agentes aduanales y funcionarios del sistema de inspección borderizo.
La estructura financiera operaba mediante una empresa centralizadora en territorio nacional que recibía los recursos derivados de la comercialización irregular para luego dispersarlos hacia entidades en el extranjero mediante transferencias internacionales.
La FGR mantiene abiertas 25 órdenes de aprehensión adicionales contra otros posibles operadores logísticos y servidores públicos involucrados.
Situación jurídica y medidas cautelares
Junto con Ruffo Appel, fueron vinculados a proceso y permanecerán recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano los imputados Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” —entre los que figura Ricardo Thompson Navarro, hijo del empresario portuario Ricardo Thompson Ramírez—.
En el caso de los procesados José María “N” y Guillermo “N”, la jueza de la causa concedió la prisión domiciliaria debido a complicaciones en su estado de salud, mientras que la imputada Adriana “N” continuará privada de la libertad en el Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur.
El caso ha sido calificado por la titular de la FGR, Ernestina Godoy, como la red de contrabando de combustible más compleja y de mayor escala detectada hasta la fecha en el país.
Con el cierre de la audiencia inicial y la fijación de las medidas cautelares, se abre el periodo de investigación complementaria, durante el cual las partes aportarán elementos probatorios definitivos antes de la apertura del juicio oral.