Nueva York.- Tras concluir una agenda diplomática en territorio estadounidense entre el 14 y el 21 de octubre, delegados de las secretarías de Gobernación y de
Relaciones Exteriores
sostuvieron un encuentro con medios para manifestar que la Asamblea General de las Naciones Unidas no contempla ninguna medida subsiguiente en torno a la crisis de desapariciones que atraviesa la nación.
Asimismo, durante la misma comparecencia, el bloque gubernamental ratificó su postura de desacuerdo respecto a la lectura que el
Comité contra la Desaparición Forzada (CED)
otorgó al artículo 34 de la Convención.
Postura oficial y reuniones bilaterales
Arturo Medina Padilla, quien funge como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, enfatizó que ningún país miembro impulsó iniciativas o mandatos resolutivos en la Asamblea sobre la situación mexicana, descartando la existencia de procesos activos o expedientes adicionales en dicho estrado.
Por su parte, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, puntualizó que la intervención de la Asamblea se limitó a escuchar al titular del Comité, sin que ninguna delegación internacional respaldara su perspectiva, descartando así futuras deliberaciones.
No obstante, Ochoa Martínez recalcó que el Estado mantendrá su canal de cooperación con el
CED
mediante la entrega de datos y reportes periódicos.
En paralelo, la comitiva oficial llevó a cabo 13 encuentros bilaterales con representantes de Alemania, Australia, Brasil, Costa Rica, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Uruguay.
De acuerdo con el reporte oficial, estas naciones externaron su reconocimiento al papel de liderazgo regional de México en materia de derechos humanos y a las acciones emprendidas en el terreno de búsqueda.
Adicionalmente, se pactó con agencias como ONU-DH y el Fondo de Población de la ONU potenciar el soporte técnico en identificación forense y genética con gobiernos europeos y norteamericanos, sumado al seguimiento continuo con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
.
En este marco, la representante alterna Jennifer Feller dialogó con
Amnistía Internacional
respecto al respaldo a colectivos de familiares, manteniendo abiertos los cauces de comunicación.
Alcance del artículo 34 y el informe del Comité
El marco normativo del artículo 34 faculta al Comité para elevar un caso ante la Asamblea General si constata evidencias sólidas de que las desapariciones forzadas ocurren de manera generalizada o sistemática dentro de un Estado parte, un instrumento activado por primera vez en la historia para el país tras la ratificación del tratado en 2008.
Aunque el proceso se inició formalmente en 2025 y fue repudiado por la administración federal desde abril de ese año, el
CED
emitió su resolución definitiva el pasado 2 de abril de 2026, catalogando estos actos como crímenes de lesa humanidad, si bien sus resoluciones carecen de carácter vinculante para el gobierno.
Durante su exposición del 20 de octubre ante la Tercera Comisión, el presidente del organismo, Juan Pablo Albán Alencastro, presentó el balance anual fundamentado en registros oficiales, testimonios de víctimas y antecedentes recabados desde 2012.
Aunque reconoció el esfuerzo gubernamental, advirtió sobre la falta de una directriz federal especializada frente a una cifra que rebasa las 135 mil personas no localizadas, definiendo el artículo 34 como un mecanismo preventivo para incentivar la cooperación global.
En respuesta, Medina Padilla acotó que la discrepancia radica en fundamentos jurídicos y de fondo, reiterando que la administración rechaza categóricamente cualquier práctica de desaparición y externando su empatía hacia el sufrimiento de los deudos.
Dicho espacio se vio marcado por la expulsión momentánea de familiares que portaban retratos de sus allegados, un episodio calificado como lamentable por el propio Albán.
Avances operativos y métricas de localización
Como parte de su defensa institucional, el 16 de octubre la delegación expuso los resultados de la Estrategia Nacional de Búsqueda, la cual habría facilitado el rastreo de más de 16 mil individuos a lo largo de 2026. Entre los rubros contabilizados figuran:
- 6 mil 939 hallazgos logrados por medio de la Plataforma Única de Identidad.
- 4 mil 787 casos formalizados en el Registro Nacional en coordinación con las demarcaciones estatales.
- mil 214 personas ubicadas con vida a través de la Comisión Nacional de Búsqueda.
- 3 mil 473 localizaciones coordinadas desde el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata.
- 161 resultados derivados de 638 peticiones cursadas a los centros penitenciarios.
En materia preventiva, el reporte destacó la supresión de mil 406 cuentas y materiales digitales, así como 613 publicaciones asociadas a esquemas de captación irregular, además de contabilizar 13 mil 750 sesiones de acompañamiento a colectivos.
Las autoridades aseguraron que cada nuevo registro cuenta con su respectiva carpeta de investigación y que los procedimientos metodológicos son evaluados por especialistas locales e internacionales con la veeduría de la oficina de la
ONU-DH
.
Concluida la misión, en la que participaron miembros de la Segob, la
SRE
, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional, la postura oficial cerró reafirmando el enfoque prioritario hacia los afectados, mientras persiste la divergencia con el
Comité
sobre las atribuciones de la Asamblea en este diferendo.
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Con información de Infobae.