El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizará este viernes un convenio de colaboración con las principales autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia del país, con el objetivo de establecer mecanismos de revisión que permitan identificar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y la delincuencia organizada.
Al acto acudirán de manera presencial Ernestina Godoy, fiscal General de la República; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Francisco Almazán Barocio, del Centro Nacional de Inteligencia; Ángel Cabrera Mendoza, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
A través de un comunicado, el INE informó que la firma del acuerdo permitirá formalizar el procedimiento mediante el cual las autoridades competentes recibirán las solicitudes de los partidos políticos para revisar los perfiles de las personas que contemplan postular como candidatas.
El convenio tiene como propósito prevenir la infiltración de integrantes de la delincuencia organizada o de personas vinculadas con otras actividades criminales en las candidaturas del Proceso Electoral Concurrente. Para ello, contempla el intercambio de información que facilite las tareas de verificación de integridad y evaluación de riesgos razonables de quienes busquen una postulación por medio de partidos políticos o mediante una candidatura independiente.
El organismo electoral aclaró que su participación estará limitada a servir como intermediario entre las fuerzas políticas y las instituciones responsables de las revisiones. Por tanto, no realizará investigaciones ni tendrá facultades para determinar si una persona puede o no contender por un cargo público.
Según lo establecido en el acuerdo, los partidos políticos y las personas interesadas en obtener una candidatura independiente podrán entregar voluntariamente los listados de los perfiles que pretendan postular. Esta información deberá estar acompañada del consentimiento informado de cada uno de los aspirantes.
Posteriormente, el INE enviará las solicitudes a las dependencias correspondientes, que serán las encargadas de analizar cada caso y establecer, conforme a sus propias metodologías y criterios, si existe o no algún riesgo razonable.
El Instituto subrayó que este mecanismo forma parte de las acciones preventivas orientadas a garantizar elecciones íntegras y evitar la participación de perfiles relacionados con actividades criminales. No obstante, precisó que la responsabilidad de seleccionar y registrar a sus candidatos continuará correspondiendo exclusivamente a los partidos políticos.
Finalmente, el INE reafirmó su compromiso con la autenticidad de las postulaciones y el fortalecimiento de la integridad de las candidaturas, al considerar que la probidad en el servicio público y la responsabilidad democrática deben ser principios fundamentales de los procesos electorales. También reiteró que estas medidas deberán garantizar el respeto pleno a los derechos político-electorales.
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