Durante la sesión, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, promovió una reserva al artículo Vigésimo Primero Transitorio que modificó de manera sustancial el alcance del programa de regularización fiscal proyectado para 2027.
La modificación suprimió el tope de 300 millones de pesos que operaba como restricción, permitiendo así que grandes contribuyentes accedan a diversos estímulos sobre multas, recargos y gastos de ejecución con el objetivo de destrabar litigios y robustecer las finanzas públicas.
Modificaciones clave al esquema de regularización
Ante las discusiones en el pleno, Monreal Ávila argumentó que la disposición no constituye una condonación de impuestos ni exime de las obligaciones tributarias primarias.
El legislador explicó que el mecanismo exige primero el pago del impuesto adeudado como condición indispensable antes de aplicar cualquier reducción en multas, recargos y cargos de ejecución.
Asimismo, el coordinador guinda defendió que la estrategia jurídica pretende recuperar flujos económicos que habitualmente quedan atrapados en prolongados litigios, además de ofrecer certidumbre a la inversión y al desarrollo empresarial.
Según las proyecciones mencionadas por el diputado, el programa contempla un universo potencial de cerca de 30 millones de contribuyentes (tanto personas físicas como morales), abarcando a unos 2.5 millones de personas morales y a unos 16 mil grandes contribuyentes, sector este último que aporta aproximadamente 2.3 billones de pesos al erario nacional.
Posturas encontradas entre bancadas
La eliminación del límite recaudatorio generó un intenso debate entre los legisladores. Por parte de la mayoría, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna secundó la reserva al enfatizar que se trata de facilidades orientadas a liquidar créditos fiscales pendientes y no de un perdón de gravámenes por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En la misma postura, el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes y la diputada Sandra Anaya Villegas señalaron que retirar el candado financiero amplía las oportunidades de regularización para sectores empresariales que previamente no podían adherirse a estos beneficios.
En contraste, los partidos de oposición manifestaron su rechazo y advirtieron posibles controversias legales. El legislador panista Federico Döring Casar calificó la medida como un esquema de "borrón y cuenta nueva" que beneficia de forma desproporcionada a adeudos elevados en lugar de respaldar a la base trabajadora, cuestionando además la constitucionalidad de la redacción.
En un sentido similar, el diputado priista Emilio Suárez Licona argumentó que la propuesta es técnicamente incorrecta e inconstitucional, señalando que la figura de estímulos fiscales podría emplearse de manera indebida para mermar créditos previamente determinados por omisiones tributarias.
Tras la aprobación en San Lázaro, el documento legislativo que regula los ingresos del Estado para el siguiente año queda en manos de los senadores, quienes deberán dictaminar los alcances de la recaudación superior a los
10.6 billones de pesos y el impacto definitivo que tendrá la supresión del tope en el programa fiscal.
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Con información de Infobae.