El caso testigo en la colonia Independencia
Las revelaciones comenzaron a trascender a raíz del testimonio de Joel, un ciudadano estadounidense y comerciante que opera un bazar en la colonia Independencia de Mexicali.
Los hechos se suscitaron la mañana del pasado 4 de octubre, alrededor de las siete, cuando el afectado y su familia preparaban la exhibición de su mercancía.
En ese momento, dos camionetas Dodge Ram —una gris y otra blanca con logotipos oficiales de la PFM y la FGR— se apostaron frente al local. Un tripulante del asiento del copiloto, descrito como un individuo de unos 50 años, tez morena y cabello canoso, le exigió los permisos de importación y fiscalización.
A pesar de que el locatario presentó comprobantes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y facturas de adquisición en el vecino país, el agente replicó que los papeles resultaban insuficientes.
Posteriormente, el sospechoso apartó al comerciante unos metros y le comunicó por vía telefónica con un sujeto autodenominado “el jefe”, quien le impuso un ultimátum de dos horas para entregar una cuota inicial de 10 mil dólares, amenazándolo con represalias mortales si acudía a las autoridades.
Ante el temor fundado, el afectado optó por cerrar su establecimiento y escapar por el acceso trasero.
Rastreo telefónico y patrón sistemático
Tras la retirada de los falsos mandos, los extorsionadores se comunicaron a través de la línea local (686) 946-37-69. Mediante labores de rastreo, el medio de comunicación vinculó dicho número con José Nicolás González Quintero, habitante del fraccionamiento Quintas del Rey y expropietario de los negocios BECATA y Distribuidora de El Rey.
Joel logró registrar tres llamadas de intimidación y reportó el suceso a la línea de emergencias 911 bajo el folio 3255265, formalizando más tarde una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde criticó que los investigadores le exigieron más detalles de su propio patrimonio que pistas sobre los extorsionadores.
El expediente periodístico detalla un modus operandi idéntico en al menos otros tres establecimientos de la ciudad, utilizando colaboradores externos conocidos como “madrinas” para perfilar las víctimas.
Los montos exigidos varían entre los 10 y 15 mil dólares de ingreso, más mensualidades de 2 mil dólares, afectando a giros diversos como llanteras y tiendas de ropa a plena luz del día.
Mandos señalados y contexto institucional
A través del reconocimiento fotográfico, los afectados identificaron a un suboficial de la PFM llamado Sergio Carrera (alias Cuadros), cuyas características físicas coinciden con el sujeto que encaró a Joel.
Las víctimas señalaron que esta red de corrupción comenzó a operar de forma sistemática tras la llegada de Carrera y del actual comandante de la FGR en Mexicali, David Martínez Ortiz. No obstante, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) mantiene bajo reserva las fichas del personal ministerial, obstaculizando la identificación plena de todos los involucrados.
Este escándalo de corrupción trascendió a la opinión pública apenas una semana después de que la propia FGE presumiera en un boletín oficial un 98 por ciento de efectividad y la desarticulación de cerca de 50 células delictivas dedicadas a la extorsión en la entidad, en el marco de la estrategia federal impulsada por el Gobierno de México.
Mientras tanto, los locatarios afectados exigen una investigación a fondo ante la persistencia de las amenazas.
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Con información de Infobae.