Un giro drástico dio el caso en torno al homicidio de Janeth Gil Cortés, acontecido el pasado 22 de octubre dentro del municipio michoacano de Charo, luego de que el principal sospechoso, identificado como Luis Santiago “N” (26 años), fuera entregado a las autoridades por su progenitora, Karmen Romero, al enterarse de las indagatorias que pesaban en su contra.
La aprehensión se consumó una semana después de los hechos en el municipio guanajuatense de Valle de Santiago, específicamente en la residencia familiar.
A través de plataformas digitales, la madre explicó que alertó a la policía sobre el paradero del joven para propiciar su arresto, detallando que tras su llamada telefónica, los uniformados ministeriales retornaron al sitio y el individuo acató la disposición de marchar con ellos de forma pacífica.
En su mensaje público, la mujer expresó el profundo dolor que la embarga: “Lamentablemente, mi hijo ha cometido un delito que no tiene nombre, una aberración que debe ser castigada con todo el peso de la ley”, añadiendo que su sentir como madre está completamente deshecho al pensar en el sufrimiento de los familiares de la víctima.
Investigación y despliegue operativo
Por su parte, la
Fiscalía General del Estado de Michoacán
(FGE) indicó que el hallazgo del cuerpo sin vida de Janeth se registró al interior de su vivienda situada en el barrio de Santiago.
Derivado de ello, la Fiscalía Especializada de Feminicidio activó los protocolos con perspectiva de género y salvaguarda de derechos humanos.
Con los indicios recabados en la escena, los agentes obtuvieron el mandamiento judicial contra el presunto implicado.
Su localización en territorio guanajuatense derivó de labores de inteligencia conjunta entre la fiscalía michoacana, la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública, la homóloga de Guanajuato, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Situación jurídica del imputado
Puesto a disposición de un juez de control durante la audiencia inicial, el impartidor de justicia resolvió dictar el auto de vinculación a proceso para el acusado bajo los cargos de feminicidio.
Como medidas cautelares, se impuso la prisión preventiva oficiosa y se fijó un lapso de cuatro meses para concluir la investigación complementaria.
La institución procuradora de justicia recordó que este resolutivo constituye una etapa procesal y no una condena definitiva, reafirmando su compromiso para esclarecer plenamente el caso y evitar la impunidad.
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Con información de Infobae.