Ciudad de México.- Ante la difusión de señalamientos que le atribuyen supuestos vínculos criminales, la dirigente nacional de Morena anunció este martes 27 de octubre que activará los cauces legales correspondientes para interponer denuncias por difamación y calumnias, puntualizando que el manejo del caso quedará estrictamente en manos de sus representantes jurídicos de forma confidencial y sin convocatoria a la prensa hasta que exista un veredicto definitivo.
Durante un encuentro con los medios, la representante partidista manifestó un rechazo rotundo y absoluto a cualquier tipo de nexo con agrupaciones al margen de la ley, descartando tajantemente cualquier vinculación en el pasado, presente o futuro.
La ruta jurídica y el posicionamiento institucional
Cuestionada sobre si el proceso se ventilaría por la vía civil o penal, la dirigente aclaró que cada diferendo corresponde a una esfera específica —incluyendo la materia electoral—, reiterando que la estrategia procesal recaerá en su equipo de abogados para atender los cargos por difamación y agravios a su honor.
Asimismo, enfatizó que prefiere mantener la disputa en el terreno formal y se desmarcó de los intercambios de descalificaciones públicas, aludiendo de manera indirecta a la gobernadora de Chihuahua sin pronunciar su nombre.
En este mismo contexto, la controversia se entrelaza con una tarjeta informativa emitida por el Gabinete de Seguridad, el cual desmintió categóricamente la existencia de un reporte de inteligencia federal que —según una columna publicada un día antes por el periodista Héctor de Mauleón en el diario El Universal— presuntamente documentaría un encuentro entre la líder morenista y un operador del narcotráfico.
Las autoridades federales subrayaron que no existen registros oficiales, elementos institucionales ni validación de dependencias que confirmen tales afirmaciones, ratificando además que las agencias del Estado operan bajo estricto apego legal y una política de cero impunidad.
Antecedentes del conflicto político
Este nuevo episodio legal se suma a la confrontación abierta con la gobernadora chihuahuense, Maru Campos, quien en intervenciones mediáticas recientes —como una entrevista concedida a Carlos Loret de Mola— afirmó que la dirigente de Morena mantendría nexos con escisiones del Cártel de Sinaloa, al tiempo que aludió a supuestas propiedades inmobiliarias en la capital del estado y en Guachochi, aunque sin exhibir pruebas documentales ante la opinión pública.
Las fricciones políticas entre ambas figuras registran antecedentes directos: en mayo de 2026, la mandataria estatal aseguró ante los medios que la presunta complicidad con la delincuencia organizada en la región serrana constituía un secreto a voces desde 2021.
En respuesta, Montiel encabezó una concentración masiva en territorio chihuahuense donde señaló a la gobernadora por supuesta traición a la patria e impulsó la recolección de firmas para promover un juicio político en su contra.
Cabe recordar que, ante las acusaciones iniciales, 24 gobernadores emanados de la autodenominada Cuarta Transformación externaron su respaldo público a la dirigente partidista, mientras que la propia presidenta Claudia Sheinbaum instó a la mandataria estatal a formalizar las acusaciones con evidencias directamente ante la fiscalía.
Síguenos en Facebook, Twitter,
Youtube ¡Dale click y ponte Adiscusión!