Ciudad de México.- En un nuevo viraje dentro de los procesos judiciales derivados de las investigaciones del caso Ayotzinapa, el sistema de justicia federal modificó las medidas cautelares impuestas al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Tras la determinación emitida por el Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, el exfuncionario dejó de estar sujeto a la prisión preventiva domiciliaria para acceder a un esquema de resguardo en su domicilio con monitoreo electrónico.
La resolución judicial se produjo al término de una audiencia que se extendió desde el pasado miércoles 22 de julio hasta la tarde del jueves 23 de julio. Para fundamentar el cambio de medida, la autoridad juzgadora evaluó dos argumentos centrales presentados por la defensa legal del imputado: la prolongación del proceso penal por más de dos años y el continuo deterioro en el estado de salud de Murillo Karam, condición que requiere asistencia médica permanente.
El criterio jurídico adoptado descansó en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2022, la cual estipula la obligación de revisar la prisión preventiva cuando un procesado excede los dos años en dicha condición.
En su análisis, el juzgador concluyó que el retraso procesal no responde a tácticas dilatorias imputables al acusado, sino a la sustanciación de diversos juicios de amparo en revisión. A pesar de la flexibilización en el confinamiento, la resolución mantiene restricciones operativas para el extitular de la procuraduría.
Las condiciones vigentes para su proceso comprenden la portación obligatoria de un brazalete electrónico, la prohibición estricta de abandonar el territorio de la Ciudad de México, así como la restricción absoluta para acercarse a las víctimas o entablar contacto con personas ajenas a su núcleo familiar inmediato.
El exfuncionario de la administración federal de Enrique Peña Nieto continúa formalmente vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, conductas presuntamente cometidas en el marco de las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa acontecida en septiembre de 2014.
Las imputaciones formuladas por la Fiscalía General de la República sostienen que el exprocurador intervino en la construcción de la versión denominada "verdad histórica", mediante la presunta manipulación de evidencias y la alteración de líneas de investigación referentes a los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero.
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