Ciudad de México.- Un tenso reclamo habría tenido lugar en los pasillos de Palacio Nacional durante una sesión de trabajo matutina efectuada la semana pasada, según un reporte publicado el 6 de octubre de 2026 por
The Wall Street Journal (WSJ).
De acuerdo con testimonios citados por el diario estadounidense, la presidenta
Claudia Sheinbaum
recriminó a sus mandos de seguridad e inteligencia —encabezados por
Omar García Harfuch
— por dar por sentado que Washington poseía evidencias sólidas al proyectar la congelación de cuentas bancarias de exservidores públicos vinculados a la gobernadora de Baja California, antes de que el Departamento del Tesoro oficializara sanciones financieras en su contra.
El medio norteamericano expone que la mandataria reprochó en duros términos al secretario de Seguridad por asumir la firmeza del expediente estadounidense, argumentando que tal postura rebasaba el margen de entendimiento bilateral y acusando que los señalamientos de Estados Unidos buscaban desestabilizar a su administración y al país.
Pese al reclamo, la titular del Ejecutivo terminó autorizando el bloqueo preventivo de los activos para evitar una mayor fricción diplomática con la administración estadounidense. Hasta la fecha, el encuentro no cuenta con confirmación oficial y los portavoces de
Sheinbaum
y
García Harfuch
declinaron emitir posicionamientos.
La red de Baja California y la postura de la UIF
Las sanciones del Tesoro estadounidense alcanzaron la semana pasada a 21 personas por presunta colaboración con el
Cártel de Sinaloa
para facilitar actividades ilícitas en las aduanas de Mexicali y Tijuana mediante sobornos.
En el centro de las indagaciones internacionales se ubica
Carlos Torres
, exesposo de la gobernadora bajacaliforniana
Marina del Pilar
Ávila, a quien Washington califica como operador político aliado de un líder criminal de Mexicali.
Las imputaciones detallan que Torres cobraba cuotas mensuales por protección, en tanto su hermano Luis Torres recibía los recursos y los blanqueaba a través de firmas empresariales y campañas electorales.
Ante la divulgación de las medidas,
Marina del Pilar
Ávila desestimó cualquier irregularidad, precisando a través de su vocería que se encuentra divorciada legalmente de Torres, que no figura en la nómina de sancionados y que únicamente los une la crianza de su hijo.
Asimismo, trascendió que el Departamento de Estado retiró la visa de ingreso a Estados Unidos tanto a Torres como a la gobernadora en mayo de 2025, sin especificar las causas.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (
UIF
) confirmó la inmovilización de cuentas vinculadas a los señalados argumentando reportes de "operaciones financieras de riesgo" emitidos por la banca, aunque omitió mencionar nexos con el crimen organizado en su comunicado oficial.
Endurecimiento del discurso soberanista y llamados a la colaboración
El choque interno retrata un periodo de mayor firmeza por parte del gobierno mexicano frente a las decisiones unilaterales de Washington. Durante sus recientes apariciones públicas y en el marco de las festividades patrias en el Zócalo,
Claudia Sheinbaum
ha defendido la soberanía nacional rechazando cualquier tipo de injerencia o violación a la integridad territorial. Este enfriamiento se suma a episodios previos de desencuentro:
- El rechazo presidencial a las sanciones impuestas por el Tesoro a tres entidades financieras mexicanas por falta de pruebas comprobables.
- El rechazo a la extradición y señalamientos estadounidenses contra el exgobernador sinaloense Rubén Rocha, quien dimitió a su encargo.
- La cancelación del visado diplomático a un hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.Frente a este panorama,
Ariadna Montiel
, dirigencia de Morena, aseveró que en el partido oficialista no hay cabida para la corrupción, denunciando que ciertos señalamientos externos buscan vulnerar la soberanía del país.
En contraste, el excomisionado policial Alberto Capella advirtió que la efectividad de la estrategia anticrimen depende indispensablemente de la coordinación con las agencias de Estados Unidos, en un escenario donde los mandos de seguridad mexicanos enfrentan una severa presión política interna ante cada controversia.
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Con información de Infobae