Guadalajara.- Ante la grave problemática de contaminación en el suministro de agua que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la administración federal contempla destinar una partida presupuestal estimada entre los 12 mil y 13 mil millones de pesos para sanear el servicio.
Así lo dio a conocer la presidenta
Claudia Sheinbaum
durante su habitual conferencia matutina, señalando que esta proyección le fue comunicada directamente por el titular de la Conagua, Efraín Morales.
Tras sostener un encuentro con el funcionario federal, la mandataria apuntó que sostendría una mesa de trabajo con las autoridades de Jalisco para analizar a profundidad el proyecto.
El propósito central de esta revisión es estructurar un mecanismo que garantice los recursos necesarios sin incurrir en endeudamientos, buscando proteger el bienestar de los más de cinco millones de habitantes asentados en la tercera metrópoli más poblada del país.
El trasfondo de esta urgencia se intensificó durante el mes de octubre, luego de que un sector de la ciudadanía protagonizara una masiva movilización social que congregó a unas 10 mil personas para protestar contra la deficiente calidad del recurso hídrico. Dicha marcha derivó en roces y tensiones entre los inconformes y los cuerpos de seguridad que custodiaban el recinto gubernamental.
En respuesta al descontento y a la crisis sanitaria que aqueja a los hogares tapatíos, el gobernador
Pablo Lemus
ordenó suspender la extracción de la Presa Las Pintas y del sistema antiguo de Chapala.
Como consecuencia, el suministro se reducirá mediante tandeos programados durante aproximadamente seis meses, lapso previsto para concluir las obras del acueducto de desvío de La Calera y la fase inicial de la planta de Miravalle.
Para solucionar esta emergencia estructural, el gobierno estatal ha planteado dos proyectos principales ante la federación: un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara —valuado en unos 11 mil 500 millones de pesos y con un tiempo de ejecución estimado de dos años, para el cual ya se envió una iniciativa al Congreso local— y la ampliación de la planta potabilizadora PP1, obra en Miravalle calculada en 2 mil 500 millones de pesos.
No obstante, el debate político ha escalado debido a las divergencias sobre el modelo financiero. Mientras el mandatario estatal sugirió un esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) con participación de la iniciativa privada, la jefa del Ejecutivo federal externó su desacuerdo con cualquier medida que implique la privatización del servicio, postura respaldada por el propio Lemus al garantizar que el agua continuará bajo control público.
Asimismo, el gobernador advirtió que la propuesta inicial del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no incluye partidas destinadas a estos rubros hídricos en el estado.
En medio de este escenario, la dirigencia nacional de Morena intensificó la presión política al exigir la dimisión de
Pablo Lemus
, tras las detenciones registradas durante las protestas ciudadanas.
Por ahora, los acuerdos definitivos quedan pendientes de los resultados que arrojen las negociaciones entre la Conagua y el gobierno jalisciense, donde se determinarán el costo preciso, el origen del financiamiento y las obligaciones que asumirá cada nivel de gobierno.