La administración del presidente Donald Trump presentó una propuesta para otorgar a los jueces de inmigración la facultad de aplicar sanciones civiles por desacato de entre mil y 3 mil 500 dólares a inmigrantes, abogados o testigos que no acaten las órdenes emitidas por el tribunal.
La iniciativa, impulsada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EIRO), organismo encargado de supervisar las cortes de inmigración, establece por primera vez que los jueces podrán imponer este tipo de multas cuando un abogado u otra persona continúe incumpliendo las instrucciones judiciales.
Sin embargo, la norma, publicada en el Registro Federal, excluye de estas sanciones a los abogados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), situación que ha despertado cuestionamientos entre especialistas en materia legal.
Gregory Chen, director de Relaciones Gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), declaró a CBS que la propuesta está “completamente inclinada” y representa un nuevo intento de presionar a los abogados especializados en inmigración, además de considerar que responde a las estrategias de intimidación promovidas por el presidente estadounidense.
Las cortes de inmigración en Estados Unidos han sido objeto de críticas debido a que forman parte del Poder Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que permite al Departamento de Justicia modificar sus reglas de funcionamiento de manera discrecional.
La propuesta permanecerá abierta durante un periodo de 60 días para que el público presente comentarios y opiniones antes de una decisión definitiva.
Paralelamente, la Casa Blanca ha intensificado la aplicación de sanciones económicas contra personas migrantes. De acuerdo con cifras citadas por The New York Times, más de 100 mil extranjeros recibieron notificaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que se les informa que deben pagar 998 dólares por cada día que hayan permanecido en Estados Unidos después de que un juez ordenó su salida del país.
En algunos casos,
las penalizaciones han alcanzado montos millonarios. Entre ellos destaca el de una mujer mexicana, madre de tres ciudadanos estadounidenses, a quien
se le impuso una multa de 1 millón 820 mil 352 dólares por presuntamente no haber abandonado Estados Unidos desde 2013.
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