Columnas
Columna Institucional Sin Ambages Martes 25
Por:
Redacción el
24 de noviembre de 2025
Una foto y mil sospechas
En política hay gestos que no necesitan explicación, y fotografías que dicen más de lo que cualquier vocero podría justificar. La imagen que circuló entre la senadora Imelda Castro y el exalcalde Gerardo Vargas Landeros entra exactamente en esa categoría: es una señal incómoda, inoportuna y, sobre todo, profundamente reveladora. Porque no es lo mismo coincidir que reunirse. No es lo mismo aparecer juntos que proyectar cercanía. Y no es lo mismo una figura pública sin señalamientos, como la senadora, que colocarse —aunque sea por un segundo— al lado de alguien cuyo historial ya fue expuesto una y otra vez, incluso documentado en investigaciones serias. Que nadie lo pase por alto: búsquese el reportaje de Pie de Nota, donde están las grabaciones, testimonios y antecedentes que por sí solos deberían alejar a cualquier aspirante serio. Vargas Landeros carga con un pasado público y oscuro. La senadora, con nada que le pese. Y aun así, una sola foto puede contaminarlo todo. Esa es la lectura política que algunos pretenden ignorar: la cercanía se interpreta como alianza, y en Sinaloa, las alianzas nunca son inocentes. Menos cuando se habla de figuras con vínculos señalados desde Estados Unidos, grabaciones filtradas y testimonios que no dejan espacio a la ambigüedad. El problema no es la imagen por sí misma, sino lo que proyecta: ¿una alianza electoral de cara al 2027? ¿Una estrategia para posicionar a la senadora como la carta de un grupo? ¿O un pacto de impunidad que busca reciclar los mismos nombres y las mismas prácticas que tanto daño le han hecho a este estado? Aquí no se trata de especular. Se trata de entender que en política, la forma es fondo. Y hay fotos que cuestan. Hay fotos que ensucian. Hay fotos que un aspirante no puede permitirse, sobre todo cuando el otro personaje viene arrastrando señalamientos tan graves que no admiten matices. La senadora tiene trayectoria, y aplomo. Pero también tiene una decisión que tomar: si permitirá que una sola foto la hunda en una narrativa que no le pertenece… o si entenderá que en Sinaloa, sentarse al lado de ciertos personajes puede costar más que cualquier aspiración. Porque, al final, la pregunta es simple: ¿Fue conversación política o pacto disfrazado? Y lo más inquietante es que, en Sinaloa, ya sabemos cómo suelen terminar esas historias.
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No basta con 16 días
Mañana arrancan oficialmente los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, una jornada que cada año nos recuerda una verdad dolorosa: en Sinaloa, las mujeres siguen viviendo con miedo, con ausencias y con heridas que no sanan. Y, aun así, también siguen luchando. Lo de hoy, la vigilia frente al Ayuntamiento, fue más que un acto simbólico; fue un recordatorio de que detrás de cada vela hay una historia que el Estado todavía no alcanza a resolver. El Ayuntamiento, Compavif y la Secretaría de las Mujeres municipal hicieron lo correcto al mantener viva esta memoria colectiva. Porque este tipo de actos —con nombres pronunciados, veladoras encendidas y familias enteras cargando el peso de la ausencia— ponen en evidencia que no basta con discursos, protocolos o efemérides. La violencia contra las mujeres no es un tema de temporada: es una urgencia diaria. Las funcionarias que participaron hoy coincidieron en algo: empatía y acompañamiento. Suena simple, pero es lo que muchas víctimas no han tenido. La secretaria Ana Francis Chiquete lo dijo claro: “No podemos ser indiferentes”. Y ahí está el punto. La indiferencia institucional, social y cultural ha permitido que normalicemos lo intolerable. Los 16 días empiezan mañana, sí. Pero lo que verdaderamente importa es lo que hagamos el día 17. El día 30. El día que no haya vigilia, ni velas, ni discursos. Porque la violencia contra las mujeres no desaparece cuando termina la campaña; esa es la parte que como sociedad aún nos cuesta mirar de frente.
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Un respiro para productores
En medio de la presión, los bloqueos y la incertidumbre del mercado, el gobernador Rubén Rocha Moya cumplió una promesa que los productores trigueros venían esperando desde hace semanas: la apertura de la ventanilla para el apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada. No es menor. Son 80 millones de pesos que llegarán directamente a 2,579 productores, muchos de ellos pequeños y medianos, que dependen de este ingreso para cerrar el ciclo otoño–invierno sin números rojos. Rocha ya había hecho este compromiso en El Carrizo y, contra lo que suele pasar en el campo, esta vez el anuncio no se quedó en el discurso ni en la buena intención. Las reglas de operación están publicadas, la ventanilla está abierta y el dinero tiene destino claro: fortalecer la comercialización del trigo y asegurar un precio más justo para las 190 mil toneladas estimadas. El mensaje político también está ahí: cumplir en tiempo y forma. Y más aún cuando el sector agrícola vive tensionado, dividido y con protestas que, aunque legítimas, ya empiezan a afectar a terceros. El gobernador llamó a no bloquear casetas ni perjudicar a ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto. Tiene razón. La inconformidad se entiende; dañar a terceros no. Por ahora, el gobierno estatal está mandando una señal correcta: respaldar a los productores, darles certidumbre y evitar que la crisis del mercado termine golpeando a quienes menos margen tienen. Falta mucho, pero este apoyo extraordinario llega en un momento clave.
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Otra vez: Reprobados
El Congreso del Estado reprobó las cuentas públicas de 2024 de Choix, Mocorito, San Ignacio y Escuinapa. No por tecnicismos, sino porque estos gobiernos decidieron administrar el dinero público como si estuvieran al mando de un patrimonio privado, sin reglas, sin controles y sin vergüenza. Los números exhiben un patrón que ya es estructural: alcaldías que gobiernan con la lógica del cacicazgo, que confunden austeridad con ocurrencia, y cabildos que actúan como mesas de validación automática. La Auditoría Superior del Estado no solo halló irregularidades: halló una cultura rancia que no quiere irse. En Choix, las cifras son un retrato de la descomposición: 29 pliegos sin solventar, 4.6 millones en el aire, 8.1 millones de insuficiencia financiera y 2.6 millones en pasivos sin fuente de pago. El municipio adjudica 92% de su obra de manera directa, pero aun así paga obras incompletas, de mala calidad o que simple y llanamente no sirven. Y mientras la población vive con carencias, el ayuntamiento gasta 110 mil pesos en arreglos florales para funerales y más de 51 mil pesos en asesorías sin evidencia de trabajo alguno. Esto no es mala administración: es una decisión política de cómo se ejerce el poder. En Mocorito, la historia se repite con otros matices: 26 observaciones, solo cuatro solventadas. Más de 3.6 millones sin aclarar. Insuficiencias financieras que rondan los 18 millones de pesos. Aguinaldos pagados fuera de normativa, indemnizaciones sin sustento legal, uniformes sin comprobante y obras que, pese a haberse pagado, simplemente no funcionan. Una planta potabilizadora de más de un millón de pesos que no opera sería un escándalo en cualquier administración seria. Aquí es solo un renglón más en una larga lista de descuidos que no son casuales, sino permisivos. San Ignacio lleva la irresponsabilidad al extremo: cero observaciones solventadas. Cero. Préstamos personales a empleados que nunca regresan, tratamientos odontológicos del presidente municipal pagados con recursos públicos, transmisiones reparadas para vehículos inexistentes, bandas musicales contratadas sin evidencia del gasto, y medio millón de pesos destinado a regalos del Día de las Madres y del Maestro. No es solo una afrenta a la normativa; es un desprecio abierto a la inteligencia del contribuyente. Y en Escuinapa, el desorden ya tiene forma de legado: 40 millones de pesos en pasivos sin fuente de pago, solo una observación solventada de 29, adjudicación directa para casi todo y 2 millones de pesos en obras pagadas que no funcionan. El endeudamiento creció casi 22% en 2024, no por proyectos estratégicos, sino por un manejo que parece diseñado para agrandar el hoyo fiscal y heredar el problema al siguiente gobierno. La reprobación de las cuentas no es un acto administrativo: es un diagnóstico político de la enfermedad que corroe a los municipios. Y el problema mayor es que los incentivos siguen intactos. No hay sanciones, no hay inhabilitaciones, no hay consecuencias. Solo hay observaciones que se acumulan en archivadores públicos mientras los mismos errores se repiten año tras año. El mensaje es claro: mientras la impunidad siga siendo el principal activo de los ayuntamientos, los viejos vicios no son un defecto del sistema, sino su motor operativo. Y cada peso sin solventar, cada obra pagada que no sirve, cada gasto personal disfrazado de actividad institucional, es una muestra del profundo desprecio que algunos gobiernos locales tienen por la gente que dicen representar. Sinaloa no puede resignarse a normalizar que administrar mal sea la regla. Y la factura, como siempre, la paga la ciudadanía.
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