El Congreso y la negación

El hallazgo del cuerpo de un policía municipal, arrojado a plena luz del día frente al Congreso del Estado, no admite eufemismos ni rodeos. Cuando un agente levantado es devuelto sin vida, envuelto en una lona y con un mensaje, en la antesala del Poder Legislativo, no estamos ante un hecho “complejo”: estamos frente a un desafío abierto a la autoridad. Negarlo es una forma de evasión política. La lectura que hizo la Diputada Paola Gárate no es alarmista ni oportunista: es realista. Un cuerpo abandonado en ese punto no es casualidad ni estadística; es símbolo. Es advertencia. Y es, sobre todo, una forma de exhibir al Estado donde más presume control. Por eso resulta preocupante —y francamente ofensivo para la sociedad— que desde la presidencia de la JUCOPO se pretenda diluir el hecho en una narrativa de normalización. Decir que “no se trata de un mensaje específico” cuando el crimen se comete con cálculo, escenario y destinatario, no es prudencia institucional: es negación. La declaración de la Diputada Tere Guerra no tranquiliza; banaliza. El problema no es solo la violencia. Es el contraste. Mientras se minimiza el impacto de un asesinato frente al Congreso, pero si hay tiempo de sobra para operar grupos políticos, encabezar reuniones, marcar territorio interno y presentarse como línea directa del poder. Para eso la líder del grupo “Los Teresos” sí tiene agenda, discurso y presencia. Para asumir la gravedad del momento, no. Cuando la representación popular responde con frases que suenan más a coartada que a liderazgo, el mensaje no lo manda el crimen: lo manda la política. Y ese mensaje es devastador. Porque cuando el poder decide no leer la advertencia, la sociedad entiende que está sola. Ese es el verdadero problema.

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Indignación en Juan José Ríos

Lo ocurrido en Juan José Ríos no es un exceso menor ni un “procedimiento” mal entendido: es una falla ética del Estado. Detener a una familia por acarrear agua, cuando su comunidad lleva un mes sin servicio, no puede normalizarse bajo ningún argumento administrativo. Aun si se pretende encuadrar el hecho como una falta, hay una verdad superior que ninguna patrulla puede ignorar: el acceso al agua es un derecho humano, no una concesión. LA INDIGNACIÓN es mayor cuando se recuerda que el propio gobernador Rubén Rocha ha reiterado que el abasto de agua es prioridad y obligación del gobierno. Lo sucedido en Cerro Cabezón contradice ese mandato y exhibe una desconexión grave entre la instrucción política y la actuación operativa. Cuando no hay agua para beber, cocinar o lavar un uniforme escolar, el problema no es el ciudadano: es la autoridad que falló en garantizar lo básico. La actuación policial —amenazas, negativa a identificarse y el intento de silenciar a quien documenta— agrava el caso. La fuerza pública existe para proteger derechos, no para intimidar a familias desesperadas. Aquí corresponde un llamado inmediato a las autoridades municipales y estatales: apoyo urgente a esa familia, restablecimiento inmediato del servicio en la zona y revisión de los protocolos que llevaron a criminalizar la supervivencia. El agua no se persigue; se garantiza. Y cuando el Estado falla en proveerla, lo mínimo exigible es sensibilidad, auxilio y solución. Todo lo demás es abuso.

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Invertir en disciplina

Cuando el dinero público se orienta al mérito, al esfuerzo comprobable y a resultados medibles, sí genera impacto social. La decisión del Ayuntamiento de Culiacán de extender de 10 a 12 meses las becas deportivas a los atletas que representaron al municipio en la Olimpiada y Paralimpiada CONADE 2025 es exactamente ese tipo de política pública que vale la pena respaldar sin matices. No se trata de dádivas ni de programas clientelares: se trata de invertir en 264 historias de disciplina, constancia y alto rendimiento, jóvenes y adultos que ya demostraron que saben competir, resistir y poner en alto el nombre de Culiacán. Ahí sí hay retorno social: en salud, en prevención, en comunidad y en orgullo colectivo. El mensaje del alcalde Juan De Dios Gámez es claro y políticamente correcto: el deporte no es gasto, es formación de carácter y proyecto de vida. Ampliar el apoyo anual —con una inversión superior a los cuatro millones de pesos— da estabilidad a quienes entrenan todos los días, muchas veces en condiciones adversas, y envía una señal contundente a las nuevas generaciones: el esfuerzo sí tiene respaldo institucional. Contrastemos. Mientras en otros frentes se reparte dinero sin exigencia, sin evaluación y sin beneficio colectivo, aquí el recurso público va directo a quienes ya demostraron resultados. No es asistencialismo; es reconocimiento al mérito. No es improvisación; es continuidad y planeación. Culiacán necesita más políticas como esta: menos discursos y más incentivos a la disciplina, al talento y al trabajo comprobado. Apoyar al deporte es apostar por orden, salud y futuro. Y cuando se hace bien, como en este caso, merece decirse sin rodeos.

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Sinaloa en agenda internacional

En un contexto donde la narrativa de inseguridad suele opacar cualquier logro, el trabajo de la secretaria de Turismo, Mireya Sosa, merece una lectura distinta: la de los resultados medibles y la gestión profesional. Sin ser política de carrera, ha entendido algo que muchos olvidan: el turismo no se defiende con discursos, se sostiene con presencia, agenda y acuerdos. La participación de Sinaloa en FITUR 2026 no fue protocolaria ni decorativa. Hubo reuniones estratégicas, firma de colaboraciones, promoción directa y, sobre todo, gestión de conectividad aérea e inversión hotelera. En un escenario internacional altamente competitivo, Sinaloa no solo estuvo presente: jugó, habló y negoció. Eso, hoy, es gobernanza turística. A nivel local, los números acompañan la narrativa. La llegada de más de 14 mil cruceristas en una sola semana a Mazatlán confirma que las navieras no operan con percepciones, sino con análisis de riesgo, rentabilidad y experiencia. Que sigan llegando cruceros —y en volumen creciente— es una señal clara de confianza operativa y comercial. El dato duro es contundente: 126 cruceros, más de 436 mil visitantes y una derrama cercana a los 700 millones de pesos en 2025. Eso no ocurre por inercia ni casualidad. Ocurre cuando hay coordinación, promoción efectiva y una secretaria que entiende el turismo como política económica, no como accesorio. Mireya Sosa ha demostrado que la profesionalización en el servicio público sí importa y sí rinde frutos. En tiempos donde la política se llena de ruido, su perfil avanza por resultados. Conviene no perderla de vista: en Sinaloa, el turismo necesita operadores, no improvisaciones. Y ahí, hoy por hoy, ella está cumpliendo.