El problema de la comercialización ilícita y la postura ante el personal médico
Ante los medios de comunicación, el funcionario federal deslindó por completo al gremio de la salud de las carencias en las clínicas y centros asistenciales.
“Nunca diría que los médicos o las enfermeras o el personal de salud son responsables del desabasto”, afirmó
Eduardo Clark
de manera categórica.
Pese a eximir al personal clínico de la falla estructural, el representante de la
Secretaría de Salud
reconoció que existen casos documentados donde fármacos destinados a la red pública —los cuales portan marcas impresas que los señalan como propiedad exclusiva del sector oficial— terminan siendo ofertados comercialmente fuera de las instalaciones médicas.
El subsecretario admitió que la venta irregular de estos productos en las inmediaciones de los centros sanitarios es una realidad que la administración pública busca cercar y someter a investigación para impedir que perjudique la atención a los enfermos.
Mecanismos de rastreo y medidas contra el desvío de fármacos
Para combatir la extracción ilegal de los insumos gratuitos, el
Gobierno de México
implementará una estrategia dividida en dos ejes principales destinados a salvaguardar los tratamientos y garantizar la
trazabilidad de medicamentos
.
En primer lugar, las cajas de los productos distribuidos de forma gratuita en las instituciones contarán con un distintivo visible para alertar a los usuarios sobre su carácter público. La leyenda estipulará que el contenido fue otorgado sin costo por el Estado y que su comercialización está prohibida.
Ante esto,
Eduardo Clark
formuló un llamado a la ciudadanía para reportar aquellos artículos que sean detectados en establecimientos privados o tianguis portando el sello oficial y el texto alusivo al derecho a la salud.
Como segundo punto, la estrategia gubernamental contempla la digitalización integral de los inventarios en el sistema sanitario. Este procedimiento tecnológico permitirá seguir el historial de cada lote adquirido desde su origen hasta su destino final en las unidades médicas.
De esta forma, las autoridades podrán fiscalizar los tratamientos de elevado valor económico —algunos de los cuales superan los 200 mil pesos por caja—, facilitando la identificación del destinatario final y esclareciendo por qué un recurso médico concluyó en el mercado clandestino en lugar de los hospitales del
IMSS
o del
ISSSTE
.
Con información de Infobae.