Durante una rueda de prensa convocada este jueves, el titular de la dependencia,
Juan Pablo Hernández González, explicó que la indagatoria se instruyó por mandato directo del gobernador
Pablo Lemus Navarro
, lo que implicó el cotejo minucioso de más de 200 archivos en video sobre los disturbios en los que se emplearon cañones hídricos, gas lacrimógeno y bombas aturdidoras frente a la residencia oficial.
Comparecencias y posibles sanciones administrativas
Tras el procesamiento de los indicios audiovisuales y las entrevistas institucionales, la corporación emplazó a los 17 elementos señalados para que comparezcan ante la instancia de asuntos internos, donde deberán justificar su conducta operativa durante la protesta.
El funcionario subrayó que estas acciones se apartan por completo de los principios formativos y la doctrina institucional que promueve la secretaría.
Asimismo, advirtió que los implicados afrontan expedientes abiertos que podrían culminar en amonestaciones severas o en la separación definitiva del cargo, penalización cuya severidad estará sujeta al nivel de responsabilidad individual que se acredite en el proceso.
Compromiso institucional de cero tolerancia
Frente a los cuestionamientos públicos por la actuación de los cuerpos de seguridad, Hernández González garantizó a la población jalisciense que ningún exceso cometido por los uniformados, incluidos los mandos operativos, quedará en la impunidad.
El responsable de la seguridad estatal reiteró que se mantendrá una política estricta de
cero tolerancia ante cualquier elemento que incumpla su responsabilidad fundamental de resguardar a quienes participan pacíficamente en el ejercicio de su
derecho a la libre manifestación.
Síguenos en Facebook, Twitter,
Youtube ¡Dale click y ponte Adiscusión!
Con información de Infobae.