Discrepancias en los cargos y el papel de las empresas señaladas
La naturaleza de los señalamientos presentados varía según las fuentes informativas. Por un lado, Brújula News reporta imputaciones por colusión de servidores públicos, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Por otra parte, El Norte contempla un catálogo más amplio que incluye delincuencia organizada, traición a la patria, enriquecimiento ilícito y ejercicio ilícito del servicio público.
Hasta el momento de la redacción, el órgano procurador de justicia no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el estatus o trámite de este recurso.
En el núcleo de la denuncia destaca la firma Vida Orgánica. Según lo expuesto por Damián Retes, la gobernadora cedió sus acciones de dicha sociedad apenas unos días atrás, habiendo percibido transferencias de consideración durante su etapa como accionista.
Las acusaciones del blanquiazul apuntan a una red societaria presuntamente utilizada por funcionarios de la entidad para el desvío de caudales públicos. Sobre este tema, Lizbeth Mata Lozano, dirigente del PAN en Baja California, detalló que la gobernadora figuró como socia hasta septiembre y que la empresa terminó incluida en los listados de sancionados.
El antecedente de la OFAC y los bloqueos financieros
La acción legal surge tras el anuncio del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos
, cuya Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplicó sanciones a 21 personas y 25 entidades corporativas vinculadas a "Los Mayos", vertiente del Cártel de Sinaloa.
Entre los perfiles designados figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora, a quien las autoridades estadounidenses sitúan como operador político conectado con Juan José Ponce Félix, alias "El Ruso", presunto cabecilla de "Los Rusos" en Mexicali. Las medidas también alcanzaron a su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.
A raíz de estas determinaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al congelamiento de las cuentas bancarias de los involucrados, incluyendo a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
No obstante, el Tesoro estadounidense acotó que estas acciones persiguen un cambio de conducta y contemplan mecanismos de revisión a petición de los interesados, mientras que fuentes periodísticas señalan que el exesposo de la mandataria niega cualquier tipo de vínculo criminal.
La postura de la gobernadora y el frente parlamentario
Por su parte, Marina del Pilar Ávila ha enfatizado de manera reiterada que su nombre no figura en los listados de la OFAC y que su contacto con Carlos Torres se limita exclusivamente al plano parental en relación con su hijo.
Asimismo, ha descartado la existencia de expedientes abiertos en su contra por parte de agencias estadounidenses.
Como medida preventiva, la mandataria instruyó el pasado 2 de octubre la revisión exhaustiva de los padrones de proveedores: en caso de detectar contratos vigentes con las firmas señaladas por la OFAC, estos serán rescindidos e inhabilitados de inmediato.
La gobernadora aseveró que estos acontecimientos no detienen el funcionamiento de la administración estatal, omitiendo fijar una postura específica respecto a la denuncia presentada en la capital del país.
El camino trazado por el PAN contempla además la vía del juicio político. Previamente, el 30 de septiembre, los legisladores locales Diego Echeverría, Alejandrina Corral y Mayola Gaona presentaron una denuncia de hechos ante la FGR invocando el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Echeverría fundamentó el impulso del juicio político desde el Congreso de la Unión debido a que reformas a la legislación local privaron al Congreso de Baja California de la facultad para juzgar a la titular de la gubernatura.
Las tensiones en la entidad no son inéditas. En mayo de 2025, tras difundirse versiones sobre la cancelación de su visado estadounidense, la diputada Eva María Vásquez demandó que la gobernadora solicitara licencia para garantizar una investigación imparcial.
El escenario legal se mantiene en desarrollo. La radicación de una denuncia no prejuzga culpabilidad ni establece responsabilidad penal, quedando en manos de la FGR la determinación sobre la apertura de una carpeta de investigación formal.
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